El Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019, realizado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos, menciona que los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han retrasado y complicado las investigaciones contra lavado de dinero en México.
Aunque admite que sí ha habido éxito en algunas investigaciones y bloqueando cuentas de sospechosos, el progreso se limita para procesar a los presuntos delincuentes.
En el informe se citan dos fallos en los que la Corte ha complicado la investigación de casos de lavado de dinero.
En octubre de 2017 la Primera Sala de la SCJN declaró inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que permitía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), actualmente a cargo de Santiago Nieto, congelar cuentas de personas físicas y morales presuntamente vinculadas a operación de lavado, e incorporarlas a la Lista de Personas Bloqueadas.
En el mismo 2017, en noviembre, la Corte declaró que la UIF no puede presentar registros financieros durante los procedimientos judiciales, sólo se admiten los obtenidos por orden judicial.
Sin embargo, se espera que el actual gobierno y los planes de la UIF para colaborar con el Poder Judicial y Legislativo resuelvan dichos obstáculos.
