Al presentar su Informe Anual de Actividades 2018, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez afirmó que México necesita mayor y mejor seguridad correspondiente al Estado Democrático de Derecho.
Frente a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió al presidente que no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática.
Se refirió a la creación de la Guardia Nacional como una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil.
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“Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza –aseguró-, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades en favor de la autoridad civil” expresó con respecto a la ampliación de capacidades de las Fuerzas Armadas.
Se decantó por la autonomía de las 33 Fiscalías Autónomas que cuenten con recursos y capacidades pertinentes y suficientes para dar certeza “de que se llegará a la verdad”, mencionó los casos de la desaparición de los 43 y la reciente explosión en Hidalgo.
“Hemos rechazado enfáticamente la imposición de ´verdades históricas´, no podemos permitirnos entrar a una época de ´verdades oficiales´, dijo y enfatizó que la verdad es necesaria para garantizar la legalidad y el respeto a los derechos y fortalecer la democracia.
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En el recinto legislativo, el Ombudsperson nacional, convocó a los legisladores, desde su función, que contribuyan generar un entorno positivo por el respeto a disentir y que dejen de lado los discursos que polaricen y dividan a la sociedad.
Consideró que ante la emergencia de inseguridad y violencia que enfrenta el país el gobierno debe actuar mediante el cumplimiento de la ley, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, se recupere la paz.
La CNDH ha cumplido su cometido acompañando a las víctimas y ha sido un contrapeso institucional ante los abusos de poder, reiteró a la Comisión como independiente de intereses políticos como una vía para defender y proteger los derechos de las personas.
En materia de Derechos Humanos
Luis Raúl González se refirió a las acciones realizadas por la CNDH durante 2018 y mencionó que la vulneración a los derechos humanos refleja un aumento y que la alternancia en el poder deberá abrir la oportunidad se trabaje para incidir significativamente en el abatimiento de las violaciones a los derechos fundamentales.
Informó que el año pasado fue el más violento de la historia del país, e imperó la impunidad y falta de garantías de seguridad en varias regiones.
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Prevaleció la falta de respuestas a problemas como las desapariciones, la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso de migrantes, las fosas clandestinas.
Persistió la violencia de género, la trata de personas, la falta de acceso a la justicia, se debilitó el Estado de Derecho ocasionando la desconfianza de la ciudadanía.
Las instituciones que más violan derechos humanos
Las autoridades más señaladas como presuntamente responsables de violación a derechos humanos fueron: IMSS, 2,532 casos; ISSSTE, 1,215; SEP, 746; INM, 587; SEDENA, 382; PGR, 375; Policía Federal, 356; SEDESOL, 311; SEMAR, 284; Infonavit, 212, y mientras la SEDENA pasó de 415 quejas en 2017 a 382 en 2018, la SEMAR aumentó de 259 a 284; la Policía Federal pasó de 425 a 356; y PGR, de 422 a 375.
Los presuntos hechos violatorios de mayor impacto fueron: 25 por privación de la vida; 39, desaparición forzada; 57, tortura; 255, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 2, ejecución sumaria; 318, detención arbitraria, y resulta preocupante el aumento de casos de desaparición forzada en casi 180%, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 2018, mientras que los de tortura pasaron de 50 a 57.
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Del total de quejas registradas, 3,726 casos se resolvieron durante el trámite, 1,486 quedaron sin materia al adoptar la autoridad medidas para subsanar los actos reclamados y en 179 se lograron arreglos conciliatorios, lo que representa un total de 5,391 expedientes resueltos bajo estos mecanismos; se emitieron 101 instrumentos recomendatorios, de los cuales 90 son recomendaciones ordinarias, 8 por violaciones graves y 3 recomendaciones generales.
Las 90 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 78 autoridades, entre las que destacan: IMSS, 21 recomendaciones; PGR, 13; Comisión Nacional de Seguridad, 10; Fiscalía General del Estado de Chiapas y SEDENA, 5 cada una; Gobernadores de Chiapas y Veracruz, la SEP, SEMAR y SEMARNAT, 4 cada uno.
Los derechos humanos violentados sobre los que versaron las recomendaciones ordinarias son: negligencia médica, acreditada en 20 casos; faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargo o comisiones, 16 casos; integración irregular o deficiente de la averiguación previa, 14; prestación indebida del servicio público y detención arbitraria, 13 cada uno; retardar o entorpecer la investigación o procuración de justicia, 12; tortura, 10; omitir proporcionar atención médica, 9; privar de la vida e incurrir en tratos crueles, inhumanos o degradantes, 8 cada uno, y, además, la CNDH promovió 53 acciones de inconstitucionalidad, así como también presentó 46 denuncias por responsabilidad penal y 146 por responsabilidad administrativa de servidores públicos.
