Las organizaciones Impunidad Cero y Jurimetría publicaron por segundo año consecutivo el “Ranking de procuradurías y fiscalías estatales 2018” y concluye que la efectividad del sistema de procuración de justicia en los estados es de 18 por ciento.
El doctor Guillermo Zepeda Lecuona analizó indicadores de estructura, de operación y de resultado y señala que “recursos financieros son una condición necesaria más no suficiente para una adecuada procuración de justicia, hace falta reformar los sistemas de gestión”.
Destacan los siguientes datos:
- Hay que esperar, en promedio, 135 minutos para ser atendido y poder denunciar un delito ante un Ministerio Público.
- En México, solamente 10.3% de las personas dice tener “mucha confianza” en el Ministerio Público.
- La efectividad global en el sistema de procuración de justicia de las entidades federativas fue de 18%.
- El 53% de las sanciones en el país corresponden a menos de tres años de prisión, esto habla de una política criminal mal focalizada.
- El Índice lo encabeza nuevamente Chihuahua, seguido por Colima, Yucatán, Guanajuato y Nuevo León. En las últimas posiciones se mantienen Puebla, Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
El análisis reporta que la impunidad en homicidio intencional y el tiempo medio para denunciar un delito han tenido un claro retroceso respecto al año pasado.
Sin embargo, hay procuradurías y fiscalías que están aprovechando el potencial del sistema acusatorio para hacer frente a la espiral de impunidad y violencia en sus estados.
La Ciudad de México baja en la efectividad en la investigación y en la mala percepción de confianza, así como el tiempo de espera para denunciar. Esta entidad y Tamaulipas perdieron muchas posiciones, ya que ambas presentaron un incremento en la impunidad para el delito de homicidio.
Colima, Querétaro, Campeche y Coahuila fueron los que más lugares avanzaron con respecto al año pasado, además de aumentar su presupuesto, mejoraron en investigación y cumplimiento de órdenes de aprehensión.
El ranking sugiere reconocer estas buenas prácticas es esencial para incentivar la mejora en la efectividad de la política criminal.
