La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuenta dentro de sus Pronunciamientos Penitenciarios, uno específico sobre este tema, que resulta de suma importancia en virtud de la necesidad de atender los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), congruentemente con nuestro marco legal mexicano.
Resumiendo el contenido de este pronunciamiento, es de señalar, entre otras consideraciones, las que a continuación se enlistan:
- Necesidad de modificar el marco normativo en cuanto a la pena privativa de libertad, cuando ésta queda establecida por encima de la esperanza de vida de las personas, retomándose el tope máximo de la penalidad para todos los delitos, con el fin de buscar la coherencia con los criterios de derechos humanos consagrados, tanto en la Constitución, como en todos los instrumentos internacionales relativos a esta materia.
- Promoción de la deflación punitiva, en virtud de la necesidad de aplicar un modelo de política criminal, congruente con la reinserción social efectiva.
- Establecimiento de un programa de “Prisión Permanentemente Revisable”, para aquellas personas sentenciadas con condenas superiores a los 30 años, así como a penas vitalicias, con el fin de evaluar la pertinencia de la excarcelación bajo argumentos humanitarios y sobre el cumplimiento de programas de reinserción social efectiva.
- Promoción de la aplicación de programas de justicia restaurativa en materia penal, que se enfoque en el respeto a la dignidad e igualdad de las personas, destacando la importancia de la víctima en los procesos de reparación, ofreciendo a los ofensores la oportunidad de comprender mejor las causas y los efectos de su comportamiento.
- Los Derechos Humanos tienen que ser respetados: Bachelet
Este pronunciamiento adquiere mayor relieve, si se comprende el espíritu del fin de la pena de prisión, que es, tanto el de prevenir la comisión de nuevos delitos, como el de lograr la reinserción social efectiva, haciendo posible alcanzar el fin deseado, dando respuesta a la sociedad que reclama resultados significativos dentro de un marco de respeto por los derechos humanos.
Lo anterior, ha sido congruente con lo señalado por la ONU en múltiples ocasiones, manifestando su preocupación por lograr la humanización de la justicia penal, poniendo de relieve el respeto a la dignidad y el valor inherente de las personas privadas de la libertad como seres humanos, recordando que su reintegración a la sociedad es uno de los objetivos esenciales del sistema de justicia penal, pudiendo garantizar en la medida de lo posible, el desarrollo de una existencia respetuosa de la ley y fortaleciendo una cultura de la paz.
