Julio Antonio Hernández Barros, quien fuera Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta el 2017, asistió al foro «Cómo, Cuándo, Con qué» organizado por Isabel Miranda de Wallace donde en entrevista con Foro Jurídico, habló sobre la necesidad de atender a las víctimas del delito y de la violación de Derechos Humanos.
La delincuencia, el crimen organizado y su combate por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales y las autoridades municipales, han dejado en nuestro país un número considerable de víctimas tanto del delito y más allá de él, también de la violación de sus derechos humanos.
Entre diciembre de 2006 y enero de 2018 han muerto alrededor de 120 mil personas por vía de ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad, entre estos se encuentran civiles, estudiantes, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, pero también falsos positivos, aunado a los problemas de desapariciones forzadas, escuadrones de la muerte, y levantones y bajas colaterales.
El error de considerar que el enemigo estaba afuera y que el combate sería relativamente sencillo, cuando la premisa es falsa, y el gobierno se encuentra infiltrado desde los mandos más altos haciendo escala por todas las jerarquías y en los tres niveles de gobierno, ha sido en mucho también lo que ha ocasionado que existan tantas víctimas en nuestro país.
De acuerdo a Julio Antonio Hernández Barros, un estado omiso en la tutela de los bienes y los derechos de las víctimas se convierte en cómplice de los victimarios, por lo que el propio estado tiene la elevada responsabilidad de crear un sistema que permita a las víctimas o a sus familiares encontrar un acceso oportuno y suficiente a los sistemas de justicia que ponderen antes que la revictimización a la población, la creación de mecanismos que contribuyan a eliminar la injusticia y la inequidad y busquen reparación integral de sus daños.
Las víctimas del delito no son tratadas con respeto a su dignidad, no tienen verdadero acceso a la justicia, ni logran la reparación del daño a que tienen derecho.
Cuando un juez penal emite una sentencia, alguien ha ganado y alguien ha perdido el juicio.
La víctima, en aspectos esenciales, no gana nunca.
El gobierno federal preocupado por esta situación ha tratado de tomar medidas en diversos órdenes, para salvaguardar los derechos victimales.
Así, se ha reformado el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar la idea de los reconocer derechos humanos, o sea, derechos relacionados con la dignidad humana con universalidad en cuanto a su reconocimiento y aplicación, sin que admitan restricciones ni casos de excepción; se agregó, del mismo modo, un apartado al artículo 20 de la normativa constitucional, que trata de evitar el trato desequilibrado de los derechos correspondientes a víctimas e imputados, sin embargo dista todavía mucho de conseguirlo.
Aun cuando reconozcamos los avances legislativos y administrativos en materia de protección a víctimas, estos resultan hasta ahora del todo insuficientes, pues no existe un instrumento que coercitivamente obligue a las autoridades en sus distintos órdenes de gobierno a cumplir y respetar sus derechos, entre los que se destaca la reparación integral.
“Todas las víctimas deben de ser atendidas. Las víctimas de la delincuencia habitual, del crimen organizado, de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo todos los que han sufrido desde los delitos más bajos hasta los actos de violación de los derechos humanos más graves que puede haber”
La garantía de los derechos de las víctimas se resolverían aplicando las leyes que ya existen, pero la falta de voluntad política y presupuestal hacen difícil la garantía de los derechos de las víctimas.
