Por cuarta ocasión, Angélica de la Peña, Senadora del PRD, presentó una propuesta para modificar el artículo cuarto de la Constitución Política de México específicamente para garantizar a las mujeres el acceso a la interrupción del embarazo, voluntariamente, hasta las 12 semanas de gestación.
La legisladora, quien milita por el reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, señaló que los códigos penales estatales han legalizado el aborto en caso de violación , y lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer, exceptuando Guanajuato, Guerrero y Querétaro.
En 14 estados amplían los términos en caso de incluir deformidades fetales graves, y en Yucatán incluye condiciones económicas cuando se han tenido tres o más niños.
Dijo que la resolución de la corte en 2016 sólo contempla a las mujeres sujetas a un proceso penal por haber interrumpido su embarazo, pero impacta de manera indirecta a las mujeres en general pues se les condiciona a llevar a término el embarazo en circunstancias no excluyentes, exponiéndolas a consecuencias penales que se establecen en el artículo 332 del Código Penal Federal.
«Eso no quiere decir que no se sancione desde el Código Penal de la Ciudad cuando se practique un aborto luego de las doce semanas, eso hay que dejarlo muy claro», dijo la legisladora.
Declaró que «todavía tenemos en algunos estados de la República a mujeres que están privadas de su libertad, precisamente porque se les ha fincado la responsabilidad penal por haber abortado, nos parece terrible, porque además, por cierto, también hay que decirlo, son las mujeres más pobres, las mujeres que tienen menos condiciones de acceder a la justicia, pero también a un aborto en condiciones de salubridad.»
Reconoció que en la Ciudad de México el aborto es legal y que es importante que trascienda en todo el país.
Especificó que la propuesta será dejada para la siguiente legislatura para la cual espera «haya menos prejuicios, ojalá que haya consideraciones científicas, socio-económicas, respecto de que necesitamos avanzar, y no seguir viendo a las mujeres como incubadoras, como objetos, sino como mujeres con derechos propios para decidir cuándo continuar un embarazo o no», concluyó De la Peña.
Antecedentes
La Senadora señaló que en 2007, como se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, la Ciudad de México aprobó la despenalización del aborto y ofreció el servicio de interrupción del embarazo en hospitales públicos e instituciones de salud.
En 2016 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció la constitucionalidad de los artículos 332, 333 y 334 del Código Penal Federal, que establecen como excluyentes del delito cuando el aborto se cause por la imprudencia de la mujer embarazada o cuando sea resultado de una violación, y como excusa absolutoria, cuando de no provocarse el aborto corra peligro la vida de la mujer embarazada.
