En el primer día de Audiencias Públicas sobre la Minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República, participaron de manera virtual expertos, asociaciones civiles y familiares de víctimas. Al inaugurar el evento, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), resaltó que se debe analizar con detenimiento si es necesaria una nueva ley y derogar la que apenas tiene dos años de existencia, y si ello permitirá el fortalecimiento del sistema acusatorio y oral, sin que conlleve un retroceso en las garantías.
Las propuestas vertidas serán incluidas en las consideraciones del dictamen y se harán llegar a las y los diputados para que sean insumos importantes en la discusión parlamentaria, aseguró la diputada María del Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia.
Marco Fernández, de México Evalúa, puntualizó que el marco jurídico que están analizando no avanza en aspectos como la profesionalización de la Fiscalía General y la capacitación del personal.
Otro problema que observaron los representantes de la sociedad civil es la falta de mecanismos de rendición de cuentas, así como la falta de reglas de operación y comité técnico del fideicomiso para el mejoramiento de la procuración de justicia.
Por su parte, Rafael Heredia, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y Humberto Guerrero de Fundar- Centro de Investigación y Análisis, coinciden en que la minuta trae un retroceso en los derechos de las víctimas y abona a opacidad.
De Impunidad Cero, Irene Tello señaló que se haría un mayor beneficio si se analizan las condiciones y los modelos de gestión en el que trabajan todas las procuradurías y fiscalías del país, así como su presupuesto, más que cambiar una ley.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, planteó incluir mecanismos de denuncia, protección y seguimiento para que las víctimas puedan denunciar a Ministerios Públicos que no cumplan con su trabajo.
Rivas considera que la reforma es un retroceso, “la falta de acceso a la justicia, de transparencia y de capacidad de investigación, que concentra el poder en una persona, debilita la rendición de cuentas y no prevé la máxima publicidad”, comentó.
En ese mismo sentido opinó Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia, de México Evalúa, “es una ley innecesaria y regresiva que no contiene una estrategia diferente para perseguir el delito, sino la manera de reinstalar reglas, principios y prácticas de una PGR inefectiva, opaca, anclada en el modelo inquisitivo, que conoce más cómo fabricar culpables que investigar redes de macrocriminalidad.”
En ese sentido, los representantes de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo y Eduardo Rojas, indican que se debe analizar la ley con detenimiento para que las víctimas y la participación ciudadana sean elementos de contrapeso a la Fiscalía.
Los familiares de personas desaparecidas llamaron a desechar la propuesta e implementar la Ley Orgánica vigente para después reformarla, fortalecer a la FGR y dotarla de recursos. Pugnaron por el derecho de búsqueda de desaparecidos, no solo de perpetradores.
Martín de Boer, jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, manifestó que es importante que durante el proceso de discusión de la minuta se respete el derecho de participación de las víctimas, familias y representantes.
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