La senadora Sasil León Villard, coordinadora del Grupo Parlamentario del PES en la Cámara Alta, presentó una iniciativa para incluir al y a la titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de tener mayor coordinación entre las autoridades que forman parte del sistema anticorrupción y el sistema fiscalizador.
León Villard propone que cuando se trate de denuncias y querellas penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías, la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción deberá investigarlas y sustanciarlas en un plazo no mayor a 45 días hábiles.
La senadora aseguró que esta propuesta ayudará a fortalecer la lucha contra la corrupción emprendida por la administración actual, fortaleciendo a las instituciones para desarticular las redes viciadas que permiten desvíos y mal uso de recursos importantes del erario Federal.
Sasil León denunció que las administraciones pasadas empleaban esquemas de triangulación de dinero hacia empresas fantasma, simulando la adquisición de servicios y adquisiciones de bienes que pedían las secretarías de Estado, a través de una excepción en la Ley que permite a los entes públicos realizar convenios sin licitación con otras entidades de gobiernos, siempre y cuando comprueben tener la capacidad técnica, material y humana para el cumplimiento del objeto del contrato.
Indicó que la ASF ha presentado la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal para que el SAT audite a estas empresas, así como la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por estos hechos. Lo preocupante es que en este esquema no hubo una detección de estas transacciones irregulares por parte de la UIF.
Esta omisión, detalló Sasil de León, es importante, ya que subraya la frágil coordinación entre la UIF y los ministerios públicos Federal y, en particular, con las procuradurías de los estados y otras instituciones miembros del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual hace más difícil la tarea de detener con mayor eficacia el lavado de dinero.
La iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan dos fracciones al artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y por el que se adiciona un párrafo al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.
