Los gobiernos de Latinoamérica necesitan de instituciones anticorrupción fortalecidas para vigilar las inversiones millonarias en la importación de insumos médicos tras la pandemia del Covid-19; hacerlo en las actuales condiciones de emergencia y con menos controles de los que se exigen en compras gubernamentales, genera preocupación a organismos internacionales.
En opinión de Roberto Simon, director de política y el líder del grupo de trabajo anticorrupción de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), las administraciones públicas deben contar con mecanismos de transparencia que tengan un alto grado de confiabilidad para atender este fenómeno con mayor eficacia en plena pandemia, sobre todo porque ha sido necesario remover controles en contratos públicos para hacer más expeditas este tipo de compras.
Simon considera que con la emergencia de la pandemia se cae en la necesidad de movilizar una gran cantidad de recursos para importar equipo médico en operaciones complejas, y debido a la urgencia se remueven algunos controles establecidos en las contrataciones, lo que aumenta el riesgo de corrupción. Además, la situación fiscal en la región limita la inversión en instituciones anticorrupción o que desempeñan un rol significativo luchando en contra de la corrupción.
El presidente de nuestro país ha relegado el papel del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), asimismo, su capacidad legal e instituciones políticas y democráticas para combatir la corrupción han sido evaluadas por debajo del rango promedio países de América Latina de acuerdo con el The Capacity to Combat Corruption Index 2020.
El índice evalúa a los países basándose en su efectividad para combatir la corrupción de un gobierno, se valora la capacidad legal de los países, sus instituciones democráticas y políticas, y la sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado, que se enfocan en atender temas de corrupción. México ocupó este año el lugar 8 de 15 naciones.
Con información de Forbes
