El senador Daniel Gutiérrez Castorena presentó una iniciativa para establecer la prohibición expresa de celebrar contratos públicos con compañías a las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haya identificado como empresas fantasma.
A nombre del senador Ricardo Monreal, autor de la propuesta, Gutiérrez Castorena indicó que también se pretende ampliar el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas.
Explicó que actualmente la ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de ahí que la reforma planteada incorpore a sus homólogas de las entidades federativas, de municipios y alcaldías.
Asimismo, a la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, a los poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, así como a cualquier ente público.
El texto establece que no puedan celebrarse contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas que no tengan la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del SAT.
La iniciativa equipara con el delito de defraudación fiscal, la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
En el documento se destaca que hay una creciente existencia y operación de compañías ficticias, constituidas exclusivamente para simular operaciones y convertirse en vehículos para evadir obligaciones fiscales, pero también para contribuir a lavar dinero destinado a un sinnúmero de actividades ilegales.
La contratación de este tipo de compañías para obra pública es, sin duda, un problema multifactorial para el cual no hay una solución única. Sin embargo, la propuesta eleva los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con empresas fantasma, se subraya.
Se envió a las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.
