Se solicitará al Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que remita a la Cámara de Senadores la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales que simulan operaciones con la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales falsos para evadir el pago de impuestos, ya sea en su carácter provisional o definitivo, planteó el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda.
En una propuesta con punto de acuerdo, el legislador del Grupo Parlamentario de MC, pidió también que el órgano fiscalizador especifique el Registro Federal de Contribuyentes de los emitentes; su domicilio fiscal, tipo de persona, fechas de publicación en la lista, monto de la simulación y un reporte de cómo simuló las operaciones.
También demandó que dicha autoridad señale si los involucrados emitieron comprobantes a algún ente público perteneciente a la Federación, Ciudad de México, entidades federativas, municipios, órganos descentralizados y cualquier otro organismo que reciba y/o ejerza recursos públicos.
El senador García Sepúlveda, fundamentó su propuesta con el estudio “Evasión del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta”, realizado por la Secretaría de Hacienda a través del SAT y en coordinación con la Universidad de las Américas Puebla y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 2017, donde se dio a conocer la erosión a la recaudación fiscal por la simulación de operaciones para efectos fiscales con el mecanismo denominado “compra-venta de facturas”.
De acuerdo con esa investigación, dijo, la tasa de evasión fiscal representó el 2.6% del PIB en el 2016, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510 mil millones de pesos.
En el mismo estudio, insistió, el ISR fue el gravamen que presentó los mayores niveles de evasión fiscal, con un monto de 296 mil millones de pesos; en tanto que el IVA es el otro gravamen que destacó con una evasión de 188 mil millones de pesos.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), abundó, determinó que ese tipo de defraudación le costó al país el equivalente al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 483 mil 874 millones de pesos.
El punto de acuerdo fue turnado para estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
