El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el amparo directo 9/2018 sobre el caso de una trabajadora del hogar, velando los derechos contenidos en los artículos 1 y 123, Apartado A, de la Constitución.
Pidió al Senado de la República, que, en uso de su facultad constitucional, ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar, como derecho inalienable e interdependiente para el bienestar de este sector poblacional.
Al fundamentar el punto de acuerdo considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena), relató que esta resolución sentará precedentes importantes sobre los derechos laborales de las empleadas domésticas.
Se trata de una mujer de 80 años, quien prestó sus servicios por más de cinco décadas a la misma familia, firmando carta de renuncia de su empleo donde laboraba como trabajadora doméstica. Posteriormente, demandó de sus patronas prestaciones como: indemnización, pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y de antigüedad y tiempo extraordinario, así como la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre de 2017, había dos millones 480 mil 466 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, cifra que representa 4.8 por ciento del total de ocupados, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 90 de cada 100 ocupados en esta actividad son mujeres.
La intención, dijo, es alertar al máximo tribunal constitucional del país a que se reconozca el acceso a la seguridad social como un derecho inalienable de las trabajadoras del hogar, que históricamente han sido vulneradas en sus derechos laborales.
“Es necesaria una resolución que favorezca a 2 millones y medio de personas que laboran en el trabajo doméstico remunerado, sin ningún tipo de prestación y acceso a seguridad social y en la gran mayoría de los casos ni siquiera contrato laboral”, afirmó.
