Más de 27 organizaciones civiles se pronunciaron en favor de la iniciativa de Ley de Amnistía, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre 2019 y buscan cooperar para su implementación.
A través de un comunicado informan que, esta iniciativa, para los casos relacionados con delitos contra la salud y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas probaría ser invaluable para iniciar el difícil proceso de transformar el actual sistema de impartición de justicia en todos sus niveles que, a la fecha, sigue siendo un reto del Estado mexicano.
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Asimismo, contribuye a cuestionar la perspectiva punitiva del sistema de justicia, señalan que han constatado que se traduce en abusos sistemáticos del Estado con respecto a la impartición de justicia, entre los cuales están: el abuso en la prisión preventiva, la obtención de confesiones bajo tortura, la ausencia de traductores, intérpretes y abogados defensores certificados bilingües para personas indígenas, la criminalización de abortos y partos fortuitos, o penas absurdamente severas para delitos menores que lo único que reflejan es la criminalización de ciertos grupos históricamente vulnerados.
Resaltan que, las personas potencialmente beneficiarias de esta propuesta pertenecen a distintos grupos de población que se han invisibilizado y excluido en el goce y disfrute de sus derechos humanos, los cuales han sido históricamente discriminados, estigmatizados, juzgados y privados de libertad injustamente al no reconocer las condiciones en las que vivían, exacerbando sus condiciones de vulnerabilidad, tales como:
- Personas indígenas que no contaron con traductor y/o intérprete y/o defensoría legal con perspectiva de género e interculturalidad, es decir, que no tomaron en cuenta la cultura, la lengua, y las instituciones que conforman su identidad.
- Personas acusadas de cometer robo simple,sin violencia, con pena de prisión máxima de cuatro años.
- Personas procesadas o sentenciadas por delitos como la sedición o por formar parte de grupos impulsados por motivos políticos con el fin de alterar el orden y la vida institucional.
- Personas acusadas por delitos contra la salud (tráfico, transporte, comercio de drogas) en condiciones de pobreza, extrema vulnerabilidad, exclusión, desigualdad estructural y discriminación. Por ejemplo, y principalmente, mujeres que hayan sido orilladas a cometer el delito por indicación de su pareja y/o familiares, así como personas que hayan sido obligadas a cometer el ilícito por grupos de delincuencia organizada.
- Jóvenes víctimas de pobreza y falta de oportunidades que incurrieron en la posesión o venta de droga.
- Personas consumidoras de drogas que hayan sido detenidas con hasta el doble permitido de consumo personal.
- Mujeres procesadas o sentenciadas por haber interrumpido su embarazo, así como médicos o auxiliares que han asistido en un procedimiento de dicha naturaleza. Con respecto a este grupo, lamentablemente la posibilidad de que la amnistía las impacte positivamente es muy baja por lo que la mirada debería estar puesta en la despenalización del aborto.
Sin embargo, consideran que la Ley de Amnistía por sí misma no garantiza la no repetición de este fenómeno particular de violencia y vulneración de derechos hacia grupos históricamente vulnerados.
«Por lo mismo, estamos convencidas de que esta propuesta debe acompañarse de una estrategia integral con enfoque de derechos humanos, sobre todo en materia de reinserción social y las perspectivas de género e interculturalidad, así como del fortalecimiento del sistema e instituciones de justicia. De igual forma, se debe trabajar en construir y mejorar las capacidades institucionales de las instancias contempladas en la aplicación de dicha ley.»
De esa forma, indican, se estarían creando las bases de leyes, mecanismos e instituciones que garanticen los derechos humanos de todas y todos.
