Legisladores, funcionarios federales, empresarios y trabajadores analizaron y presentaron propuestas en materia de Subcontratación Laboral (outsourcing) para enriquecer la iniciativa jurídica con el objetivo de proteger los derechos laborales.
La Cámara de Diputados inició el parlamento abierto para la Reforma en materia de Subcontratación pues aseguran es uno de los asuntos más importantes que se analizarán en la actual legislatura.
En la inauguración, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) planteó que los legisladores deben plantear cuándo se puede y cuándo no se puede subcontratar.
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“No podemos seguir solapando mecanismos que afecten de esta manera tan grotesca y agresiva los derechos de las y los trabajadores”, aseveró.
Agregó que, “la subcontratación abusiva se ha convertido en un cáncer que creció durante los últimos años y que contamina y precariza el mercado laboral.”
Por su parte, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que el “mal” outsourcin afecta la recaudación del IMSS por 21 millones de pesos, “lo no recaudado representa la mitad de lo que se invierte en medicamentos al año”, aseveró.
Adjudicó a la mala práctica la capacidad de atención del Instituto y lesiona la competencia, la economía y a los trabajadores.
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Mientras que Santiago Castillo Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que en la revisión de enero de 2020 se tuvieron tres mil 70 reportes de operaciones inusuales, de las cuales, 84, todas vinculadas con outsourcing presuntamente ilícito.
Planteó establecer un proceso de regulación y sensibilización pues se pueden presentar casos de lavado de dinero y defraudación fiscal con recursos de procedencia ilícita.
En el acto, El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, señaló que un trabajador subcontratado tarda cuatro años más o nunca califica para un crédito.
El objetivo
Con esta propuesta se busca modificar el marco jurídico laboral para proteger los derechos de la clase trabajadora, pero sin afectar el equilibrio entre los factores de la producción de nuestro país.
El propósito es que estén claras las reglas para las empresas y patrones que utilicen la figura de la subcontratación laboral, y que haya certeza jurídica de las atribuciones de las autoridades para fiscalizar y supervisar este modelo.
Posturas de la IP
Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), expresó su interés y compromiso por eliminar los esquemas ilegales de contratación (outsourcing ilegal) en el que 4.2 millones de trabajadores se encuentran.
Sin embargo, llamó a los legisladores a no sobrerregular y manteniendo la flexibilidad que requieren las micro y pequeñas empresas en la nueva realidad social y económica global.
De la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), su vicepresidente, Juan Carlos de la Vega, pidió aclarar, en el texto, conceptos como el outsourcing ilegal, solidaridad, subsidiariedad, competitividad y sustentabilidad que ofrezcan estabilidad a las empresas.
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Aseguró que, si se elimina esta figura implicaría una pérdida del 10 por ciento a las compañías.
En su turno, Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), sostuvo que la subcontratación, lejos de precarizar el empleo, reduce los costos administrativos empresariales vinculados a la selección y capacitación de personal.
Afirmó que mantener las figuras de outsourcing e inoutsourcing es fundamental para áreas de soporte y servicios.
