Ricardo Monreal Ávila, líder parlamentario de Morena en el Senado, anunció que presentará una iniciativa para crear una Tercera Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especializada en materia de Anticorrupción.
A través de un comunicado de prensa, explica que la Tercera Sala debe contar con la competencia exclusiva para tratar temas de responsabilidad administrativa y delitos que tengan por origen hechos o actos de corrupción en los que participen servidores públicos y particulares; así como en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y atribuciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Se integraría por cinco ministros de esa manera se deberá modificar la integración actual del Pleno de la SCJN de 11 a 16 ministros. Asimismo, sus atribuciones se guiarán por lo previsto en el marco normativo aplicable en general a las demás Salas.
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Monreal señala que el presidente de esa Tercer Sala sea integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Uno de los requisitos para ser ministro de esta sala es no haber incurrido en delitos de corrupción que ameriten prisión por más de un año.
Propone que todas las sesiones sean públicas; y se privilegia la especialización por materias en los términos que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulando que los integrantes de la Sala cuenten con experiencia en la materia.
Para este fin, el Ejecutivo Federal sometería a la Cámara de Senadores las ternas para la designación de los cinco integrantes de la Sala de la SCJN especializada en materia de Anticorrupción, en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de la publicación del Diario Oficial de la Federación, conforme al procedimiento previsto en el artículo 96 de la Constitución.
El comunicado concluye indicando que la propuesta se apoya en los instrumentos internacionales en la materia, suscritos por México, como son: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC).
