La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018. El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas de su sistema penitenciario.
Afirmó que la sociedad no tiene interés en la realidad de los presos. «Los centros penitenciarios, si no se atienden y vigilan, pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción y, paradójicamente, impunidad. Lograr la efectiva reinserción social de quien está privado de su libertad sigue siendo más una aspiración que una realidad concreta”, afirmó.
Destacó que la CNDH ha reiterado la necesidad de diseñar políticas públicas que promuevan la justicia social y restaurativa, además de promover las condiciones dignas de encarcelamiento y sensibilización acerca de que las personas en reclusión también son integrantes de la sociedad, y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia.
Durante la presentación del Diagnóstico, en el cual estuvo la Tercera Visitadora de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja, el Ombudsperson dijo que aún hay mucho por hacer para que en el sistema penitenciario se respeten plenamente los derechos humanos de los presos.
[Te puede interesar: CNDH presentó ante organismos internacionales la recomendación del Caso Iguala]
El Diagnóstico es una herramienta para identificar y medir deficiencias, áreas de oportunidad y logros. Y señala las situaciones negativas importantes de atender.
En el acto también se refirió a la desaparición de las Islas Marías, “debió buscarse la mejor alternativa entre lo ecológico y el principio de la reinserción social, y no creo que abone a ese principio”, dijo González.
Respecto a la prisión preventiva oficiosa, alertó sobre el riesgo de rebasar los espacios en las cárceles.
Indicó que es necesario establecer una política criminológica integral que considere no solo a la policía, Ministerios Públicos y al Aparato de Administración de Justicia, sino también el tema de la reinserción social de las personas en reclusión.
Datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018
Reveló que los centros de reclusión de Guanajuato, Querétaro y Coahuila alcanzaron calificación mayor a 8, mientras que los de 21 entidades obtuvieron entre 6 y 8, y los de las restantes ocho entidades –Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Baja California Sur y Tamaulipas— resultaron reprobados al conseguir menos de 6 puntos.
Para la aplicación del Diagnóstico, se visitaron 199 centros de detención varoniles, mixtos y femeniles a nivel nacional, de los 308 que se encontraban en funcionamiento, lo que significa que se supervisó al 55%. De ellos, los centros estatales obtuvieron calificación promedio nacional de 6.45, que representó aumento sostenido respecto de los cuatro años anteriores (6.02, 6.21, 6.27 y 6.30 de 2014 a 2017).
A su vez, los centros federales tuvieron 7.48 en global, que significó aumento respecto de las calificaciones de los dos años anteriores (7.21 en 2016 y 7.33 en 2017), mientras que la calificación promedio para las prisiones militares fue de 8.21, que constituyó también incremento comparando con los dos años precedentes (7.93 en 2016, y 8.13 en 2017).
De las cárceles municipales se señala que su regularización constituye un importante avance para el Sistema Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Recomendación 28/2016 de la CNDH, por lo que actualmente los 9 centros municipales que subsisten se encuentran en proceso de normalización acorde con los artículos 18 y 21 Constitucionales.
El total de población de las prisiones visitadas, de acuerdo con el día de la supervisión, fue de 182,955 personas, que significó el 89% del total de la población recluida del país, correspondiendo 164,094 internos a centros estatales, 18,403 a centros federales y 458 a prisiones militares.
Los centros estatales con mayor promedio en 2018 fueron: en Guanajuato, Centro Estatal de Reinserción Social de San Miguel de Allende, 8.57; Centro Estatal de Reinserción Social de León, 8.52, y Centro Estatal de Reinserción Social Valle de Santiago, 8.49; Centro Penitenciario Femenil Saltillo, en Coahuila, 8.56, y en Querétaro, el Centro de Reinserción Social Femenil de San José El Alto, 8.56.
Los Centros Federales mejor calificados fueron tres de las Islas Marías, CEFERESO “Aserradero”, 8.67, CEFERESO “Bugambilias”, 8.50, y CEFERESO “Morelos”, 8.45, que por última ocasión serán tomados en cuenta en el DNSP debido al cierre de los mismos; en tanto, el CEFERESO “CPS” Número 8 de Guasave, Sinaloa, obtuvo 7.89, y el CEFERESO Número 12 “CPS”, en Guanajuato, 7.87.
Las deficiencias detectadas con mayor incidencia en los centros estatales se refieren a separación entre procesados y sentenciados (76%), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (72%), sancionados, sujetos a protección (33%), cocina y comedores (46%), insuficiente personal de seguridad y custodia (84%), hacinamiento (36%), falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo (70%).
También se identificaron como deficiencias importantes la falta de prevención y atención de incidentes violentos (48%), así como las condiciones de autogobierno/cogobierno (45%). En 34% de los centros estatales persiste la sobrepoblación y en 32% hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad. En el área médica del 50% de los centros se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene, y en 51% existen deficiencias en cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias.
En los Centros Federales, los resultados muestran que en 20 de ellos hay insuficiencia de personal, en 14 concurre la carencia de actividades laborales y de capacitación. El derecho de protección a la salud es un problema generalizado en estos Centros dada la falta de personal médico, así como la deficiencia en su atención; en 13 se detectó falta de acceso de los internos a actividades deportivas.
En la edición 2018 del DNSP se incluyó un referente cualitativo adicional que permite identificar también avances y puntos de oportunidad en el cumplimiento de los fines de la prisión, entre otros, que en el 81% de los Centros Estatales se observó adecuada integración y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario y en más del 38% se constataron mejoras sobre condiciones materiales e higiene en talleres y áreas deportivas. En los Federales hubo significativo avance en capacitación de personal y condiciones materiales de las instalaciones.
