Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana publicaron el informe sobre corrupción transnacional, “Exportando Corrupción 2020”. El informe analiza las investigaciones y sanciones de los gobiernos de 47 países en casos de cohecho transnacional como el de Odebrecht.
La corrupción en negocios internacionales ha quedado en evidencia por escándalos económicos y financieros de gran calado como el caso Odebrecht y otras operaciones globales que involucran lavado de dinero y contratos multimillonarios en materia de energía, obra pública y salud, por mencionar algunos sectores.
Los 47 países analizados en el informe “Exportando Corrupción 2020” hacen el 80% de las exportaciones mundiales. De 2016 a 2019, estos países abrieron 421 investigaciones y 93 casos, y concluyeron en 244 sanciones, de las cuales 125 fueron sanciones sustantivas.
Solo cuatro de los 47 países analizados actúan de manera decidida contra el cohecho internacional y nueve países aplican con poca eficacia las leyes contra las empresas que pagan sobornos al participar de operaciones comerciales o de inversión en el extranjero. Casi tres cuartas partes de los países (34 de los 47 países analizados) actúan poco o nada en casos de cohecho internacional.
En el periodo 2016-2019 México no ha sancionado ningún caso por cohecho internacional.
Las organizaciones detallan que, de acuerdo con información pública disponible en fuentes oficiales, como la Fiscalía General de la República, México inició tres investigaciones en el periodo de reporte (2016-2019), las cuales no se han presentado ante el poder judicial y en consecuencia no se ha identificado la presunta responsabilidad o sancionado a los posibles responsables. Tampoco se han recuperado los activos desviados o fruto de estos posibles ilícitos.
Las cifras publicadas por las autoridades investigadoras de México contrastan con lo informado por otras autoridades investigadoras en el mundo. Entre 2016 y 2019, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos reportan cuatro investigaciones y procesos judiciales por soborno a servidores públicos mexicanos o radicados en México, o a empresas mexicanas que sobornaron en el extranjero. Los cuatro casos fueron sancionados en Estados Unidos, pero no se investigaron o sancionaron en México. Derivado de estas investigaciones, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) recuperaron más de mil millones de dólares por las sanciones impuestas a las empresas que operaron indebidamente en México y otros países.
Pese al compromiso público asumido por la Administración Federal 2018-2024 y a las reformas constitucionales y legales aprobadas en México en los últimos años, señalan Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, es necesario que los casos identificados sean investigados y sancionados, los recursos ilegales confiscados y el daño a las víctimas reparado de manera apropiada.
Estos casos deben incluir los dos tipos de cohecho internacional: los actos de corrupción de empresas extranjeras ocurridos en México o que involucran a servidores públicos mexicanos, y los actos de corrupción que involucran a empresas mexicanas ocurridos en el extranjero.
En el reporte, Transparencia Internacional sugiere a México:
- Publicar y actualizar estadísticas y otra información sobre investigación de casos en el portal de datos abiertos del gobierno y en los sitios web de la Fiscalía General y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Asegurar la independencia de la Fiscalía General de Justicia para prevenir su uso selectivo o político
- Reformar el proceso de selección de jueces para garantizar su independencia e imparcialidad. Reconocen la propuesta que ha hecho el Ministro presidente de la SCJN.
- Proveer recursos y capacitación para investigar y perseguir casos de corrupción internacional.
- Incrementar los esfuerzos para recuperar bienes, así como garantizar la no repetición y reparación del daño a las víctimas.
- Desarrollar una política criminal para la investigación y sanción de corrupción y soborno internacional.
Tratados internacionales, como el T-MEC obligan a México a establecer acciones anti corrupción. Así como la Convención Anticohecho de la OCDE y el Acuerdo marco con la Unión Europea, señalan que el cohecho es ilegal. No hay lugar a un doble estándar internacional en esta materia, concluyen las organizaciones.
Revisa el informe completo en: https://www.tm.org.mx/exportandocorrupcion2020
