Entre las reformas constitucionales que se han impulsado en el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador se encuentra la extinción de dominio, además de la creación de la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, considerados como las reformas constitucionales base para llevar a cabo cambios profundos en la sociedad mexicana y que impactarán positivamente en el combate a la corrupción, generando un cambio político relevante.
Uno de los actores centrales en estos cambios compartió con Foro Jurídico su visión del funcionamiento de la extinción de dominio como instrumento para neutralizar a los delincuentes y de cómo deberá aplicarse: el doctor Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el periodo de Enrique Peña Nieto; actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP); profesor de posgrado en la UNAM y en la Universidad Panamericana. Además, fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Su más reciente libro es Sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo; además es coautor de seis libros especializados en materia electoral y de 60 artículos publicados en diversos medios; también es conferencista nacional e internacional.
En un primer acercamiento de Foro Jurídico con Santiago Nieto Castillo, pudo discernir acerca de las reformas que son necesarias para cumplir los objetivos de este gobierno, el doctor Nieto explica la importancia de la extinción de dominio, la cual a su consideración se debe perfeccionar. En principio, al congelamiento que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, de la que él está a cargo, se debe incorporar a la Ley de Instituciones de Crédito, para no dejar huecos legales, explicó que en estos momentos las disposiciones son de carácter general y son infralegales.
“Soy de la idea de que el congelamiento de cuentas debe tener una consecuencia y cuando no sea reclamado podamos llegar al abandono, es decir, a una figura jurídica distinta al congelamiento. Técnicamente es una lista de personas bloqueadas y cuando se le bloquea la cuenta a alguien, pasa un determinado tiempo y la gente no reclame los bienes entonces se aplique la extinción de dominio.”
La segunda vía, comenta el Doctor Nieto, es que, al llegar el asunto al Ministerio Público éste tenga facultad para asegurar, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y a partir de ahí generar un modelo que permita poner a disposición del Servicio de Enajenación los bienes y permitir posteriormente su mercantilización.
Este aseguramiento es temporal, una vez judicializada la carpeta de investigación y se obtenga la resolución definitiva por parte del juez en la que se determine el decomiso de los bienes instrumento del delito. Lo recomendable es que este proceso se realice de manera rápida para que el Estado recupere los recursos provenientes de la delincuencia organizada o de casos de corrupción.
Lo primero era garantizar que los legisladores aprobaran la legislación, pero “creo que un modelo ideal sería seguirnos acercando a los modelos exitosos en el mundo, como Estados Unidos, Colombia, Italia, en el cual cada vez hay más casos, cada vez hay más montos recuperados”, estima el Doctor.
Con respecto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el funcionario comentó acerca de las denuncias que ha realizado en estos pocos meses. “Ahorita llevamos 22, 16 de las cuales están relacionadas con el robo de hidrocarburos, las otras son temas de delincuencia organizada y corrupción”. Y añadió, “el récord histórico de la UIF en un año es de 113 denuncias, lo que llevamos en mes y medio son estas 22, el año pasado fueron 70. En cuanto a montos, nosotros hemos congelado 900 millones en 50 cuentas bloqueadas de manera directa, 38 en robo de hidrocarburo y son 258 cuentas relacionadas, de las cuales 177 son por robo de hidrocarburo.”
El monto de 900 millones de pesos en mes y medio es más de lo que se aseguró en 2018, explicó a Foro Jurídico. Para elevar la calificación de México dentro del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se requiere incrementar el número de diseminaciones de información, de denuncias, de congelamiento de cuentas y que los asuntos lleguen a los tribunales.
Uno de sus objetivos es que la Fiscalía General de la República considere a la UIF como coadyuvante del Ministerio Público, sobre todo en los casos relevantes, para investigar e incluso como acompañamiento al Ministerio Público en la formulación de imputaciones en lo que corresponde a la denuncia que presente la UIF en temas de lavado de dinero.
“Para prevenir, atacar y acotar el lavado de dinero es necesaria una acción conjunta, no sólo con las secretarías de Estado, también con las empresas, la academia, organizaciones de la sociedad civil e incluso los medios de comunicación, para recabar la información necesaria e identificar los riesgos que existen”
En cuanto a los retos de la UIF a corto plazo, su titular refiriere que son tres principales: El primero es la creación de las unidades de inteligencia patrimonial económica de las entidades federativas. Explicó que sólo 10 estados cuentan con esa unidad. En esa materia el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, lo ha planteado como uno de los diez objetivos estratégicos de Seguridad Pública y está relacionado con la conformación de estas áreas; de igual manera, se encuentran el seguimiento a temas de catastro, registro público, registro civil, datos relacionados con vehículos que podrían ser importantes para las investigaciones en temas del combate a las estructuras financieras del crimen organizado.
Nieto considera que el segundo reto está ligado a la reforma legal para poder tener mejores elementos en temas de extinción de dominio y, en general, la ley de prevención para personas políticamente expuestas que es una recomendación no cumplida en la GAFI.
El tercer reto es tener una evaluación nacional de riesgo, en 2019 se tiene que actualizar porque es necesario que las políticas públicas y la estrategia nacional antilavado de dinero estén fundamentadas en un diagnóstico. Explicó que es el requerimiento número uno de GAFI y la última que existe es de 2016. Con estos tres elementos la UIF podrá generar mejores condiciones para el cumplimiento de sus objetivos y de su función en el Plan Nacional de Paz y Seguridad que ha planteado el Presidente de la República.
Por otra parte, durante una sesión de trabajo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), en la que el ponente principal fue el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo planteó los temas relevantes en materia de combate a la corrupción. Cabe señalar, que en la sesión se le entregó su constancia de miembro de la ANDD, además de que se reconoció su trayectoria dentro de la función pública.
Nieto Castillo reconoció lo valioso de los debates de los temas de interés nacional como lo hace la Asociación. Como parte de su ponencia contextualizó la situación del país y la importancia de sentar las bases jurídicas para llevar a cabo los objetivos no sólo de la Unidad de la que es titular, sino de la administración obradorista.
Explicó que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en su evaluación de 2017, calificó a México como un país económicamente sólido y que había mostrado mejorías desde 2008, año de su última evaluación. Indicó que tiene un sistema maduro de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo que corresponde al marco legal e institucional bien desarrollado. No obstante, México también tiene un alto riesgo de operaciones de lavado de dinero como consecuencia de sus deficiencias clave en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI. Sin embargo, cuenta con áreas de oportunidad y con investigación en la materia y atención para la supervisión de actividades vulnerables no financieras. Consideró que la UIF es clave para la prevención de esos delitos, pero no diseminaba la información necesaria para cumplir los parámetros.
Tal como lo observó el GAFI, Santiago Nieto considera que la UIF cumple un papel primario en el combate al lavado de dinero. Aseveró que hace falta realizar una evaluación nacional de riesgo en el que se contemple el robo de hidrocarburos y la trata de personas. Con respecto al combate al huachicoleo, comentó que concuerda con la estrategia que ha planteado el Presidente de la República e informó que en noviembre de 2018 se perdían 80 mil barriles diarios, ahora se redujo a 6 mil, aunque el robo continúa no es a niveles del pasado.
El punto central, destacó, es que la evaluación nacional de riesgo es un trabajo colectivo, para prevenir, atacar y, eventualmente, acotar el lavado de dinero es necesaria una acción conjunta, no sólo con las secretarías de Estado, también con las empresas, la academia, organizaciones de la sociedad civil e incluso los medios de comunicación, para recabar la información necesaria e identificar los riesgos que existen. Esta evaluación será presentada el mes de julio de este año.
Explicó que es necesario realizar un informe además de la solicitud de recalificación del país, dado que la última fue hace dos años. Ya que México forma parte de la aldea global, no se puede sustraer de las calificaciones internacionales y se debe coadyuvar, junto con otras naciones democráticas, con el modelo que permita combatir de mejor forma el lavado de dinero, trata de personas, y el financiamiento al terrorismo que generan un impacto negativo en la sociedad global. Considerando que son delitos que se cometen de forma trasnacional, las soluciones deben tener los mismos alcances, aseveró, como parte de GAFI, conformada por 37 países, e igual a nivel Latinoamérica.
“México está contemplado como uno de los países más corruptos y puede partirse de la percepción de la sociedad, de que las instituciones manden mensajes de tolerancia cero en cuanto a actos de corrupción, se debe proteger el debido proceso, la presunción de inocencia.”
Para el doctor Nieto, es importante trabajar en una recalificación del Estado mexicano y cumplir las 40 recomendaciones que hizo GAFI en su momento, actualmente se cumplen parcialmente 15 y una no cumplida. Las herramientas con las que cuentan deben perfeccionar su marco normativo para ser utilizadas por el Estado mexicano. Expuso que en torno a las iniciativas que se han impulsado en el Senado, cuyo promotor es el senador Ricardo Monreal, han trabajado de manera conjunta la UIF y los legisladores de Morena en un paquete de reformas del Servicio de Administración Tributaria para mejorar el marco normativo.
La primera de ellas, dijo, ya aprobada por el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, es la Ley de Instituciones de Crédito. Explicó que la Corte consideró inconstitucional el bloqueo de cuentas a menos de una interpretación conforme y la jurisprudencia señala que si hay una solicitud de carácter internacional a la UIF entonces es constitucional. Para lo cual se pensó adicionar un artículo bis a la Ley de Instituciones de Crédito, un procedimiento de inclusión de lista de personas bloqueadas y una garantía de audiencia ya establecidos en la ley, lo que da un marco normativo a nivel secundario, aseveró y espera que sea aprobada por los diputados para tener esa reforma.
El segundo tema es referente a la Ley de Prevención, Personas Jurídicamente Expuestas, lo que exige GAFI son nombres y para no violar el derecho a la protección de datos se establece un mecanismo que faculte a los sujetos obligados por la ley a poder solicitar a la UIF información respecto a si una persona es o no persona expuesta y cumplir con los parámetros. Y la tercera sería buscar a los verdaderos beneficiarios finales de las operaciones corruptas.
Otro tema relevante en el que hizo énfasis es el flujo de información, la información con la que cuenta la UIF son 19 millones de reportes del sistema financiero y 3 millones del no financiero, entonces para trabajar esa cantidad de datos es imposible, por lo que se han trabajado con modelos de riesgo a través de esquemas matemáticos.
Mencionó que México está contemplado como uno de los países más corruptos y puede partirse de la percepción de la sociedad, de que las instituciones manden mensajes de tolerancia cero en cuanto a actos de corrupción, se debe proteger el debido proceso, la presunción de inocencia. El objetivo es, también, trabajar a nivel subnacional, crear unidades de inteligencia patrimonial que recojan información patrimonial y económica sin invadir la competencia federal del sistema financiero, con el fin de obtener bases de datos que permitan combatir de mejor forma los delitos ya mencionados y focalizar a los grupos criminales. Incluso trabajar en conjunto con el INE para verificar los recursos de los partidos y de los candidatos independientes. La propuesta también incluye obtener información de sindicatos.
Indicó los retos para llevar a cabo estas tareas: bancarización es uno de ellos, actualmente se tiene sólo 37% de población bancarizada, se debe elevar el número, “creo que es muy importante que los programas sociales vayan a través de bancos”. Reiteró la recalificación de México y cumplir con lo normativo y la efectividad al cumplir con las recomendaciones, instrumentar políticas públicas que permitan combatir el robo de hidrocarburos, la corrupción institucional y la tipificación de la trata de personas que son delitos que producen lavado de dinero.
Por último, Santiago Nieto destacó la unidad nacional en todos los ámbitos; se necesita una política criminal de estado: seguridad pública, prevención de delitos, procuración de justicia, impartición de justicia y la ejecución de penas con una misma perspectiva respecto a la problemática y con miras a que todas las instituciones funcionen, no dar más mensajes equivocados y acabar con la impunidad.
La función de la UIF es analizar la información y presentar denuncias, bloquear cuentas y dar parte a las instancias correspondientes locales y federales.
El mensaje del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es que no habrá tolerancia a la corrupción “sea quien sea”.
Finalmente, expresó que su objetivo personal es mantener una postura firme cuando deba aplicarla, agradeciendo a los miembros de la ANDD que hayan aprobado su ingreso como miembro de número.
