El mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo “aunque me critiquen de que quiero militarizar al país voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, estoy convencido de que es necesario”.
De igual forma, el mandatario puntualizó que es falta de información y mala fe, pues esto fue aprobado por el Congreso de la Unión la mayoría de las legislaturas locales por tratarse de una reforma constitucional.
A raíz del Acuerdo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación y de las críticas que han surgido, el día hoy en la conferencia matutina aseguró que si hay alguna violación de derechos humanos por parte del ejército se rectificará.
A pesar de que la CNDH estimó insuficiente la buena fe y debería quedar establecido, incluso la Organización de las Naciones Unidas han declarado que el Acuerdo tiene carencias.
La oficina en México de la ONU, a través de un comunicado, advirtió que el documento publicado el lunes no precisa los estándares con los que se supervisarán las funciones de las fuerzas armadas.
“El acuerdo fija que esta supervisión será realiada por el Órgano Interno de Control de la dependencia de la Fuerza Armada que corresponda, lo que resulta insuficiente para garantizar una supervisión efectiva de carácter externo”.
Tampoco queda claro “el principio de estricta necesidad y excepcionalidad” pues no se detallan las condiciones; asimismo, se establece un acuerdo de coordinación entre autoridades civiles y militares, contrario a la obligación de que las últimas se supediten a las civiles.
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Además, en el acuerdo se habla del apoyo de militares en las etapas iniciales en la investigación de delitos lo que podría “afectar su naturaleza civil y trastocar el debido proceso”.
La ONU-DH llamó a las autoridades correspondientes a hacer una revisión del Acuerdo para “garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población, al tiempo que se fortalezcan las instituciones civiles de seguridad pública en México“.
La Organización dijo que desde 2006 se ha evidenciado que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no ha funcionado para reducir la violencia, pero sí han abonado a la violación de derechos humanos.
