Con la reciente decisión de la Primera Sala de nuestra Suprema Corte, relativa a la necesaria publicidad de las sentencias, preveo un impacto en la forma en que enseñamos y estudiamos el Derecho en México.
Salvo tal vez la materia electoral (súmele usted alguna otra donde suceda lo mismo), la enseñanza del Derecho ha privilegiado el estudio de los textos normativos, así como tal vez una parte de la doctrina. Sé que estoy generalizando, y siempre se corre el riesgo de caer en la falacia del todo por la parte, pero intuyo que no estoy tan desencaminado.
La obligada publicidad de las sentencias obligará a cambiar esa manera de trabajar al menos en tres sentidos:
Primero, porque pondrá al alcance de las y los juristas un repertorio amplísimo para abrir nuevas líneas de investigación; por ejemplo, ¿cómo realizan control constitucional difuso los tribunales civiles del sur del país?, ¿qué métodos de interpretación se utilizan en las sentencias penales del Bajío?, ¿cuál es la calidad de la argumentación de los tribunales administrativos locales en el norte del país?, solo por apuntar unas posibles líneas.
En esta misma columna ya he abordado un modelo de estudio de resoluciones Un Modelo para el análisis de sentencias
Segundo, en tanto permitirá ajustar la manera en que se enseña en nuestras escuelas y facultades. Al tener acceso al conjunto de sentencias tanto locales como federales, una docente podría, por ejemplo, trabajar con su grupo no sólo lo que se entiende por “interés superior del menor” en la doctrina, la legislación y las líneas jurisprudenciales de la Suprema Corte, sino también la manera en que se entiende en los juzgados de primera instancia y en los tribunales de alzada de su entidad.
Es de esperar que eso beneficie la formación del estudiantado, además de que obligará a tener un mayor cuidado en el método de estudio de las sentencias.
Tercero, el impacto en la impartición de justicia, que debe ser positivo, dado que el mayor estudio de las resoluciones de la judicatura, permitirá un diálogo más profundo con la academia, mejorando la circulación de ideas y de propuestas para mejorar la función jurisdiccional.
Es cierto, pueden esperarse algunos roces. Pero en el mediano plazo el impacto posiblemente será positivo, y se deberá ver reflejado en una mejor justicia para todas las personas.
