Desde su campaña presidencial, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador ha dicho, y así se ha mantenido, que algunas de las iniciativas serán sometidas a la consulta popular, una forma de legitimar y avalar ciertas decisiones que asumirá como gobierno, sobre todo en temas polémicos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Es importante precisar que en un Estado democrático de derecho existen diversos mecanismos de participación ciudadana, los cuales le sirven al Estado para canalizar las inquietudes de su sociedad y escuchar e interpretar sus reclamos y opiniones. Lo que, a su vez, dará sustento a los procesos de decisión y legitimidad al gobierno.
De esta manera, el mecanismo de la consulta pública puede ser utilizado para fortalecer la democracia o, por el contrario, servir como una estrategia de imposición hasta cierto punto autoritaria utilizada para legitimar decisiones que asuma el gobernante. De acuerdo con la teoría de la ciencia política, estos mecanismos funcionan de manera óptima en los sistemas democráticos con régimen de gobierno representativo como el nuestro, a través de partidos políticos, de Cámaras legislativas donde está representada la sociedad. Los gobiernos dictatoriales y absolutistas también han utilizado el referéndum y el plebiscito para legitimarse.
Históricamente, como formas de consulta popular, el referéndum ha servido para ratificar o derogar leyes; por otra parte, el plebiscito ha ayudado a generar nuevos órdenes constitucionales que han impactado en la vida cotidiana de la sociedad. Ahora se opta por una variante: la consulta popular, un mecanismo de participación ciudadana útil para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional, de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones tomadas por los órganos representativos del Estado. En México, esta modalidad fue adoptada oficialmente en 2014, cuando se aprobó la reforma Constitucional, creadora de la Ley Federal de Consulta Popular.
La Constitución señala que las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional se sujetarán a ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 1) el Presidente de la República; 2) el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o 3) los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Se agrega que la petición deberá ser aprobada por la mayoría de las Cámaras del Congreso de la Unión. Cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.
Una vez aprobadas las solicitudes por el Congreso de la Unión, serán turnadas a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), en donde se determinará su constitucionalidad, luego se enviarán a la Cámara de origen para que sean revisadas y dictaminadas en el Pleno donde deberán ser aprobadas por mayoría.
Hasta ahora el mecanismo de consulta popular aún no se ha llevado a efecto. La SCJN desechó tres peticiones: Morena y PRD habrían solicitado derogar la reforma energética, el aumento al salario mínimo presentado por el PAN y la disminución del número de legisladores en el Congreso de la Unión propuesta por el PRI.
AMLO no ha explicado con exactitud las medidas que planea tomar en el tema del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Dejar que una consulta popular defina si se continúa como está, si se privatiza su operación o si se construyen dos pistas en la Base aérea de Santa Lucía en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México.
Bernardo Lisker, director internacional de Mitre Corporation, centro estadounidense especializado en investigación aeronáutica y responsable de un estudio de viabilidad aeronáutica sobre la propuesta de AMLO, dio a conocer los resultados del análisis realizado sobre las propuestas presentadas por el Presidente electo, en el cual concluyó que la propuesta de trasladar el NAIM a la Base aérea de Santa Lucía es aeronáuticamente inviable y podría traer serios problemas a la seguridad de las operaciones aéreas; además, agregó que los terrenos de Texcoco son los más adecuados para la construcción del NAIM.
Sin embargo, la decisión de los expertos no gustó al futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien insiste en construir dos pistas en Santa Lucía.
A pesar de los estudios técnicos y científicos, AMLO no claudica en su intención de imponer sus criterios. De esta manera, solicitó la ayuda de los mexicanos para “resolver el asunto del Nuevo Aeropuerto”; y convocó a tomar una decisión conjunta a través de una consulta nacional.
La construcción del NAIM ha sido autorizada por especialistas en aeronáutica como resultado de su discusión en foros especializados que han sido organizados durante más de una década. El diseño arquitectónico del aeropuerto está a cargo de dos destacados arquitectos especialistas en el área, el británico Norman Foster, ganador del prestigioso premio Pritzker, y del arquitecto mexicano Fernando Romero. Su proyecto fue elegido porque cumplía con tres condiciones principales: 1. Entender el contexto particular, los aspectos técnicos y su resolución (estamos hablando de un terreno donde estaba situado el antiguo lago de Texcoco); 2. La sustentabilidad y por considerarse un proyecto responsable con el medio ambiente; 3. Es un proyecto único.
Al final, la consulta propuesta por el Presidente electo no corresponde con la contemplada en el Artículo 35 de la Constitución ni con su ley reglamentaria. Se tiene previsto organizar consultas con ingenieros de similar opinión a la de AMLO; después se lanzará la consulta al “pueblo”, lo que servirá para revertir un proyecto científicamente aprobado y para validar, de manera popular, una decisión que ya ha sido tomada tras bambalinas desde hace tiempo.