La Cámara de Diputados inició la audiencia pública “Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional”, en la que los participantes coinciden en la necesidad de investigar con perspectiva de género.
La Diputada Lorena Villavicencio afirmó que el sistema de justicia mexicano no es capaz de resolver todos los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres.
La legisladora y coordinadora de la Subcomisión de Feminicidios y Violencia Contra las Mujeres comentó que, el propósito es escuchar a los familiares de las víctimas y a las autoridades ante el aumento exponencial de ese delito en el país.
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Señaló que el trabajo legislativo contribuirá a disminuir los índices de violencia contra las mujeres y se hará tomando en cuenta la visión de los que han conocido la deficiencia de la administración y procuración de justicia.
Añadió que a partir de la información y propuestas que se generen de estas audiencias, se iniciará un proceso de marcaje para cada autoridad involucrada en el tema de feminicidio.
Adelantó que se presentará un punto de acuerdo en el Pleno para solicitar información puntual de los 454 municipios en Alerta de Género, a fin de conocer exacta y específicamente, sin omisiones, cuáles son las medidas de prevención, seguridad y justicia que operan en cada uno, “y también lo estamos promoviendo para los gobernadores”.
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Asimismo, dijo, se han generado iniciativas para modificar el tipo penal sobre el feminicidio y que se establezca en todos los códigos estatales.
Natalia Calero, integrante de ONU Mujeres, urgió al Estado a adoptar medidas para prevenir las muertes violentas, asesinatos y desapariciones forzadas en nuestro país.
Señaló que se debe enfrentar a las causas como violencia armada, crimen organizado, tráfico de drogas, pobreza y marginación. Es necesario investigar, enjuiciar y sancionar a los involucrados incluyendo agentes del estado.
Consideró que se contemplar un código penal único ayudará a enfrentar el problema.
ONU Mujeres proponemos, enlistó: “marcos normativos y de política pública con perspectiva de género; fortalecer las instituciones estatales y sus mecanismos de coordinación para actuar con perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos; generar información estadística y evidencia que permitan dimensionar integralmente el fenómeno; proveer de servicios accesibles de calidad para la atención a las víctimas”.
La representante de ONU Derechos Humanos, Nira Cárdenas Oliva, sostuvo que se necesita del diálogo entre Estado y Sociedad civil; dijo que ellos han compartido observaciones para mejorar protocolos de investigación, fortalecer las técnicas y conocimientos, así como las Alertas de Violencia de Género.
Dejó claro que el Estado tiene aún muchos pendientes en materia de derechos de las mujeres, como la garantía sexual y reproductiva, enfrentar la creciente violencia contra mujeres adultas, jóvenes y niñas en México.
Estadísticas
En la mesa de trabajo “Cumplimiento de recomendaciones internacionales e incorporación de los estándares de la sentencia Mariana Lima y Campo Algodonero”, la mtra. Cárdenas compartió las siguientes estadísticas:
En 2017 se tuvo un registro de tres mil 430 muertes violentas de mujeres, tres veces más que en 2007. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se contabilizaron tres mil 606 feminicidios, sólo en enero de este año más de 304 mujeres han sido asesinadas, pero únicamente 75 casos han iniciado con protocolo de feminicidio.
A la lista se suma, la violencia sexual en víctimas niñas, mujeres adolescentes y adultas. “A la fecha hay una violación cada hora en el país”.
Cada vez, dijo la representante de ONU-Derechos Humanos, son más visibles las víctimas mujeres y niñas de desaparición forzada. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas cuenta nueve mil 327 mujeres en esta situación.
La impunidad institucional
La obligación de los Estados, reiteró Nira Cárdenas, es proteger a las personas de violación de los derechos humanos en su jurisdicción, prevenirlas, castigar a los autores y reparar en caso de violación.
Advirtió que si los Estados no garantizan el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, crean y son responsables de la agresión que puede continuar en la muerte de las mujeres.
Karla Michel Salas, abogada feminista, al referirse a la Sentencia de Campo Algodonero, emitida hace 10 años sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en 2001, afirmó que “estamos ante una emergencia nacional por los feminicidios en México”. Casi veinte años después “no se sabe la verdad, ni quiénes son los asesinos o qué grupos cometen esta serie de crímenes. La justicia no llega”.
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Familiares de víctimas demandaron justicia, cero tolerancia y ninguna mujer más asesinada. Pidieron investigar de oficio con perspectiva de género la muerte de mujeres por la violencia que se sufre y ceñir las averiguaciones al debido proceso. “Dejen la impunidad, corrupción, indiferencia, negligencia, omisiones y discriminación. Cumplan los protocolos especializados fijados por la Suprema Corte de Justicia (sentencia Mariano Lima) y organismos internacionales (sentencia de Campo Algodonero)”, pidieron.
Exigieron castigar de forma ejemplar a los asesinos y funcionarios irresponsables, porque han obstruido el acceso a la justicia; policías, ministerios públicos y jueces disfrazan los feminicidios por suicidios. Dicen y hacen lo que quieren ante la agresión y abusos en contra de las mujeres, expusieron.
