La extorsión se ubica en segundo lugar de los delitos con mayor incidencia en México y Jalisco, el Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México son las entidades con mayor incidencia.
Por esa razón, la diputada de Encuentro Social, Claudia Báez Ruiz pidió al titular de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal (SSPC), así como a gobernadores, ordene la inspección, revisión y confiscación de celulares y chips sueltos en los centros penitenciarios.
Entre 50 y 80 por ciento de las llamadas salen de los penales; “tan sólo entre 2017 y 2018 de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, se realizaron 3.7 millones”.
La corrupción y mala tecnología en el sistema penitenciario permiten que el negocio de la extorsión telefónica siga prosperando, asevera la diputada.
Basada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, señaló que en 2018 se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, que representan 6 mil 542 por cada 100 mil habitantes.
Entre el 5 de diciembre de 2019 y el pasado 10 de enero, el gobierno de la Ciudad de México decomisó al interior de los centros penitenciarios un total de mil 908 celulares; estas medidas, además, han evidenciado la portación de chips, de manos libres y equipos.
El documento turnado a la Primera Comisión de la Permanente cita que 91.6 por ciento de los casos, la extorsión fue telefónica y pagada en 7.1 por ciento de las ocasiones; en un solo año, se realizaron 5.2 millones de llamadas, equivalentes a 14 mil 305 llamadas por día en promedio, 596 por hora, casi 10 por minuto.
