Por unanimidad, la 60 Legislatura del Congreso del Estado de México avaló seis reformas propuestas en contra de la violencia política hacia las mujeres y para garantizar la paridad de género y fortalecer la defensa de los derechos político-electorales de las mexiquenses.
De igual manera, se reforman otros ordenamientos para que no ocupen cargos públicos quienes tengan antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres en razón de género, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar o de género o delitos contra la libertad sexual.
Para lo que la Fiscalía General de Justicia de la entidad creará un padrón de las personas condenadas por dichos delitos, para que el Instituto Nacional Electoral pueda solicitar información para saber si los aspirantes a candidatos a un cargo público tienen antecedentes, además de que personas con antecedentes de violencia política no podrán tener candidaturas en 2021.
Las reformas establecen también sanciones por violencia política de género contra candidatas; que los entes públicos observen los principios de igualdad y equidad de género; que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas compuestas por una persona propietaria y una suplente del mismo género; que los partidos políticos asignen recursos para la creación, fortalecimiento y difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que sea su obligación promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes.
Con esto se modifican y adicionan la Constitución Política, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Electoral, todas del Estado de México.
