Un grupo de diputadas presentó, a través de reunión virtual, la propuesta para homologar el tipo penal del delito de feminicidio al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y a representantes de los Congresos Locales.
La diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva, indicó que el feminicidio es un delito del fuero común, por lo que es importante trabajar en la homologación de los códigos penales locales; asimismo, destacó que la propuesta es un paso fundamental en la lucha contra la violencia de género y para construir un país más justo e inclusivo.
De acuerdo con datos de la FGR, entre 2015 y 2020 el feminicidio incrementó 137%, es decir, cuatro veces más que el resto de los homicidios. Cada hora 1,250 mujeres son violentadas y sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acosos o abuso sexual en calles, escuelas, centros laborales o en sus hogares, añadió Rojas Hernández.
Agregó que la actual crisis por la pandemia del Covid-19 ha puesto a las mujeres y niñas en mayor riesgo de sufrir violencia, ya que, de acuerdo con cifras de la Red Nacional de Refugios, las violencias incrementaron 81% durante la pandemia.
La diputada Pilar Ortega Martínez del PAN, presidenta de la Comisión de Justicia, expuso que la propuesta retoma como base el tipo penal contenido en el artículo 325 del Código Penal Federal, en donde se define como conducta principal la privación de la vida de una mujer por razones de género, y emite sanciones de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa.
Pilar Ortega Martínez explicó que esta propuesta plantea que el delito se actualice con la concurrencia de una sola razón de género y consideró importante acercar la iniciativa a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, puesto que ellos son quieres integran las carpetas de investigación de los delitos.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, consideró que el proyecto de tipo penal es sólido; no obstante, se debe agregar que “en la investigación de todos los hechos en los que se prive de la vida con violencia a una mujer, el Ministerio Público está obligado a constatar si existe alguna de las razones de género previstas en este artículo, para que en su caso se apliquen”.
Señaló que busca obligar al Ministerio Público a que cada vez que haya una muerte violenta de una mujer deban ir a este tipo penal, independientemente del homicidio, para que se aplique la mayor pena a quien cometa el delito.
