Diputados cambian la propuesta del Senado y eliminan seis de los nueve delitos que propusieron para ampliar el catálogo de prisión preventiva automática.
La Comisión de Puntos Constitucionales redujo la lista que había sido aprobada por los senadores, el proyecto que será discutido el próximo 16 de enero en el periodo extraordinario, deja sólo tres delitos.
De este modo, los diputados sólo consideran incluir en el catálogo: el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de robo de hidrocarburos.
El proyecto establece que, “Es ponderable incluir únicamente los delitos en materia de uso de programas sociales con fines electorales, para que sean estos los que amerite prisión preventiva oficiosa, dado que son los que más profundamente impactan en la sociedad, al utilizarse programas que tienen fines muy distintos a la materia electoral”.
De igual modo aclara que, “Ante la situación de emergencia en la que se encuentra en Estado mexicano, resulta ponderable mandar un mensaje claro sobre el trato que recibirán aquellos funcionarios públicos, como la pérdida de su libertad para enfrentar procesos penales, por prestarse a la comisión de actos de corrupción, en su modalidad de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones”.
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En tanto que el delito de robo de hidrocarburos se considera porque “resulta atractivo para las bandas delincuenciales, que les generan grandes ingresos y en consecuencia se agrava el daño patrimonial para la industria petrolera, lo que representa un peligro para nuestro país, lo que se debe considerar grave si su medida aritmética es igual mayor a cinco años, o si son cometidos por servidores públicos, y como consecuencia, restringir la libertad del imputado”, dicta el proyecto.
Críticas y preocupación internacional
La comisión dictaminadora tomó en cuenta las críticas y preocupaciones que externaron diversas asociaciones civiles y organismos internacionales por lo que propusieron la modificación de la minuta.
El día de ayer la CIDH hizo un llamado al Congreso para que reconsideraran la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva por considerar el proyecto contrario los preceptos internacionales en la materia de derechos humanos.
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La ONU, previamente, hizo la misma recomendación; y el colectivo #SeguridadSinGuerra expresó que el esfuerzo es insuficiente, pero reconocen el dictamen como una señal positiva.
Ernesto Peralta integrante de #SeguridadSinGuerra indicó, “es necesario que exista control judicial …Básicamente que lo oficioso no sea igual a automático”.
De inicio, el proyecto deberá ser aprobado por la Comisión y después por el pleno de la Cámara de Diputados. En caso de ser aceptada la modificación se turnará de nuevo al Senado para su análisis y votación.
