Senado de la República estableció que, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas.
La sanciones irán de cinco a ocho años de prisión a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Quien difunda estos servicios tendrán las mismas sanciones. Si un servidor público comete el delito será destituido e inhabilitado de uno a diez años.
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En sesión del día martes 10 de septiembre, el Pleno del Senado aprobó con 82 votos a favor y 34 en contra en lo general, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
Las modificaciones a la Ley Federal de Delincuencia Organizada tipifican y equiparan la defraudación fiscal equiparada con la delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado supere los siete millones 804 mil 230 pesos.
En la Ley General de Seguridad Nacional se adiciona una fracción XII al artículo 5 para que la defraudación fiscal, se considere como amenaza a la seguridad nacional.
Evasión fiscal
Durante la sesión, la senadora Marybel Villegas Canché, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, refirió que de 2014 a junio de 2019 se identificaron cerca de nueve mil empresas que facturan operaciones simuladas.
Dichas empresas emiten ocho millones de facturas con lo que suman 1.6 billones de pesos, lo que implica una evasión de 354 mil millones de pesos, es decir, equivale a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto. Los recursos por evasión podrían ser destinados a las entidades con mayores rezagos sociales, señaló.
