El pasado 26 de septiembre, Javier Duarte de Ochoa fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, y el pago de 58 mil 890 pesos.
Ante esto, la Cámara de Diputados solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) tomar lo más rápido posible las medidas correspondientes respecto a los bienes y activos financieros del exgobernador de Veracruz, para establecer la extinción de dominio y recuperar los activos destinados a la población vulnerable de la entidad.
Asimismo señaló que el sometimiento al procedimiento abreviado trajo como consecuencia una pena corporal y una condena de recuperación de activos de Duarte leves e insuficientes.
“Si bien se reconoce la pertinencia y la importancia que tiene la figura del procedimiento abreviado, que posibilita la aceptación de la responsabilidad, a cambio de la reducción de la pena, llama la atención los términos de la negociación que implicará la aplicación de una pena corporal relativamente leve y la muy insuficiente condena en materia de recuperación de activos, ya que se habla de 40 propiedades, cuando se la han documentado 90 inmuebles en la esfera patrimonial de Duarte. No sólo eso, la condena no se refiere a activos líquidos o cuentas financieras de su red de lavado de dinero”.
Diputados de las diferentes bancadas se pronunciaron al respecto, mostrando su inconformidad e indignación, asegurando que era necesario tomar medidas más fuertes y enérgicas en contra de alguien que robó e hizo mucho daño al país.
Agregaron que la sentencia dictada a Duarte es un reflejo de la impunidad actual y que no son delitos cometidos por una persona, sino por una red criminal a la cual se tiene que castigar.
Asimismo, resaltaron la urgencia de dar a conocer un informe por parte de la PGR en la cual se precisen las indagatorias correspondientes al caso de Javier Duarte, y realizar todas las acciones correspondientes a la recuperación de los millones de pesos que se desviaron.
