En la conferencia matutina del día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo comentarios acerca de la postura de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) expresada en una carta dirigida al Ejecutivo Federal después de que el mandatario acusó que detrás de esos amparos hay intereses políticos y económicos, y si las obras se retrasan por ese motivo exhibiría a quienes han interpuesto los amparos.
“Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto, pues hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar… mientras más me impidan hablar voy a ser más claro”, señaló el mandatario.
[Te puede interesar: AMLO acusa intereses políticos y económicos en amparos contra Santa Lucía]
Reiteró que, “los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar la tranza… y no se resignan y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto en Santa Lucía”.
Añadió, “aquí se toca todo, hacer la vida pública más pública, y ya la autoridad competente va a resolver si procede el amparo o no procede”.
La postura de la BMA
La BMA, en una carta, “exhorta al Ejecutivo Federal para efectivamente establecer y mantener un auténtico Estado de Derecho con justicia y democracia, incluyendo abstenerse de realizar las acciones referidas”, referente a la advertencia de exhibir a los denunciantes.
En el argumento, la BMA expone que tanto en la Constitución como en tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocen el derecho de toda persona a la justicia y a interponer acciones legales cuando consideren que sus derechos son vulnerados. Y que corresponderá al Poder Judicial resolver las pretensiones de los denunciantes.
[Te puede interesar: Cancelación del NAIM provocaría daños económicos muy altos: BMA]
Por tal motivo, expresan que “consideramos inapropiado que el Ejecutivo Federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al poder judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que todas esas acciones atentan contra el Estado de Derecho. El ejercicio del derecho a la defensa de las personas y la independencia del poder judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo”.
