En sesión extraordinaria, con 24 votos a favor, uno en contra, el Congreso de Tabasco aprobó la ley que endurece penas por realizar bloqueos de calles o impedir la ejecución de obras públicas, ahora llamada “Ley Garrote”.
El Congreso avaló “reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco, para sancionar a quienes ‘ante extorsiones, coerciones, que intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local”.
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Se integra un nuevo tipo penal: Impedimento de ejecución de trabajos u obras, imponiendo penas de entre seis y trece años de cárcel a quienes “careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas”. En caso de que se use violencia las sanciones se incrementan.
Y sanciones de hasta 20 años de prisión a sindicatos que pretendan extorsionar a las empresas que lleven a cabo las obras públicas y privadas.
El secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, rechazó que la reforma prohíba las marchas.
“No es una ley antimarchas, es una reforma antiextorsionadores; así de claro. La libertad de manifestación y de tránsito es un derecho constitucional que el gobierno del estado respeta, y que nosotros, vamos hacer que se cumpla”, dijo Medina.
Controversia
No obstante, partidos de oposición y ciudadanos consideran a la reforma como una medida “represora”, “arbitraria” y “fascista”.
El priísta Gerard Washington se pronunció contra el dictamen y aclaró que el pidió legislar contra los extorsionadores del crimen organizado que pide “derecho de piso” a empresarios y comercianes y lo que se aprobó fue “criminalizar” las protestas sociales.
“Los asesores de la comisión de seguridad enredaron todo el dictamen, ni siquiera fue el gobernador”, dijo el priísta.
La diputada del PRD Dolores Gutiérrez comentó que contraviene el origen de la izquierda y es contrario a lo que el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien les enseñó, dijo la legisladora, a manifestarse y hacer plantones para expresar rechazo a las políticas entonces priístas.
El gobernador Adán Augusto López Hernández, en rueda de prensa aseguró que en la entidad se respetará el estado de derecho, “respeto a los derechos humanos, a la libre manifestación de ideas, a las libertades de expresión, asociación y de participación.”
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Julia Pardo, también comentó que la reforma no criminaliza el derecho a manifestación ni contra la libre organización sindical.
Sin embargo, la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, comentó que la reforma es para evitar chantajes y sabotajes contra el proyecto de la refinería de Dos Bocas.
“Las protestas son sagradas y deben atenderse, pero (no) cuando se manipula para movilizar con otros intereses”, comentó la morenista en conferencia de prensa.
