Hace unos días, la Fiscalía General de la República (FGR) avaló una orden de arresto en contra de dos funcionarios pertenecientes a su institución, acusados de torturar a uno de los imputados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotiznapa.
Diversos medios han informado sobre las detenciones de Isidro Junco Barajas, encargado de la Seguridad de la Cámara Baja y de Ezequiel Peña Cerda, director de Aérea de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -miembro activo de la FGR-.
Entretanto, -según Notimex- el pasado martes en las instalaciones de la FGR, agentes federales le notificaron la orden de arresto a Peña Cerda y después le realizaron una certificación médica; posteriormente, fue trasladado al Juzgado Noveno de Distrito -órgano jurisdiccional que giró la orden de aprehensión-, en el estado de Guerrero.
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En palabras de la prensa nacional, existen cuatro órdenes de aprehensión por la tortura infringida a Carlos Canto Salgado, ocurrida en octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los estudiantes en Iguala; dicho delito se evidenció en un video difundido mediante redes sociales hasta junio de 2019.
Cabe mencionar que el pasado seis de marzo, el mandatario Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la FGR, a fin de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes; ahora, está pactada una reunión para el próximo 6 de abril, con el Presidente y los padres de los estudiantes desaparecidos.
Medidas internacionales
Por otro lado, se dio a conocer que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una “ficha roja” en contra de Tomás Zerón de Lucío, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, acusado por “una serie de irregularidades en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.”; la ficha emitida señala que el exfuncionario es responsable de -por lo menos- tres delitos.
De acuerdo con la Interpol, si Tomás Zerón es encontrado culpable, podría alcanzar “una pena máxima aplicable de -al menos- 60 años de privación de libertad”.
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El 10 de marzo pasado, un Juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Oriente, emitió la orden de detención a petición de la FGR.
Por último, en testimonio de funcionarios del gobierno mexicano, el último registro que tiene el Instituto Nacional de Migración es que Zerón de Lucío salió del país con destino a Canadá, por lo que no descartan que el exfuncionario se encuentre en dicha nación.
