El día de ayer, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó, por conducto del senador Alejandro Armenta Mier, la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, los senadores de Morena están interesados en el combate al uso de dinero ilícito en el país, comúnmente llamado Lavado de Dinero (LD), así como a otras formas ilícitas de uso de recursos, reconocidas internacionalmente, como el Financiamiento al Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM), ya que el combate a estas expresiones de ilegalidad en el empleo de dinero, abona en la lucha contra el crimen organizado que tanto daño ocasiona en México.
Continúa estableciendo que el recurso ilícito proviene de actividades criminales como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilegal de hidrocarburos, la falsificación, la evasión fiscal y la extorsión, entre otras que dañan el tejido social y vician la estructura financiera. No debemos olvidar en este bagaje de actividades ilícitas a la corrupción.
A través de esta iniciativa, se buscar sumarse a los esfuerzos que realiza la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Fiscalía General de la República, por medio de su Unidad en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para detectar y erradicar de nuestro sistema financiero todas aquellas operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita y así presentar un combate más efectivo contra las estructuras financieras de las organizaciones delictivas que suelen financiarse con este tipo de recursos.
Entre sus principales aportaciones están la de agilizar el desarrollo de las facultades atribuidas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que, sin dejar de reconocer ser una unidad administrativa centralizada de la SHCP, cuente con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.
Establecer nuevos tipos penales a aquellas conductas que están relacionadas con el lavado de dinero, y que hoy no son objeto de sanción penal aún cuando su ejecución aislada incide en la realización exitosa del lavado de dinero.
