El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dar a conocer las irregularidades detectadas en el tratamiento e identificación de cadáveres en el estado de Jalisco.
También solicitó las entrevistas al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como las recomendaciones emitidas después del hallazgo del tráiler con 273 cuerpos sin identificar.
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La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena expresó que el hecho vincula el acceso a la información con el derecho a la verdad.
“En México debemos poner fin al trato indigno de las víctimas y hacer prevalecer siempre el respeto a los derechos humanos. Una manera para lograrlo es precisamente el ejercicio del derecho de acceso a la información, para que la sociedad conozca la actuación de las autoridades, como en este caso, incluso cuando ya hayan fallecido las personas”, declaró la comisionada.
La CEAV señaló no haber realizado ningún informe, la Comisión informó que sólo llevo a cabo una presentación de los antecedentes del caso e hizo un reporte verbal de las acciones realizadas.
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La ponencia de la comisionada Ibarra verificó la búsqueda de información en las direcciones de Asesoría Jurídica Federal y de Vinculación Interinstitucional que la CEAV llevó a cabo para dar cumplimiento a la solicitud.
Sin embargo, no hubo certeza del criterio que la Dirección de Asesoría Jurídica para la búsqueda de irregularidades y se verificó que la CEAV cuenta con otras áreas competentes para conocer la información, como la Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y la Unidad de Atención Inmediata.
Por lo anterior, el INAI concluyó que la Comisión no cumplió con el procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia por no turnar la solicitud a sus áreas competentes y pidió a la CEAV realizar una búsqueda exhaustiva para que entregue el informe.
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“No debe perderse de vista que esos cuerpos, aunque ya sin vida, corresponden a personas, con nombre, historia, contexto social y familiar, por lo que su dignidad persiste, pues ésta no se pierde con la vida, al considerar que existen otras personas que tuvieron un vínculo con ellas y en el caso específico de las víctimas por desaparición, la sociedad mexicana tiene derecho a saber las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, así como la responsabilidad que se le pudiera fincar al Estado por los mismos” comentó Lilia Ibarra.
