El pasado mes de junio se llevó a cabo en la Casina Pío IV, en el Vaticano, un encuentro entre poco más de 100 jueces y juezas de las tres Américas, convocado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales por medio de su Canciller Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, con el propósito de instalar una Junta Permanente Panamericana de Jueces en Defensa de los Derechos Sociales, al que asistió una delegación de México encabezada por el Dr. Rafael Guerra Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
La Cumbre fue clausurada por el Papa Francisco I, quien durante su mensaje hizo un llamado para que el sistema judicial sea transformado, exhortando a todos los jueces para que velen por los Derechos Sociales, particularmente de los más vulnerables, haciendo hincapié en la relevancia de los jueces no sólo por su colaboración con abogados, asesores, fiscales, defensores, funcionarios, sino por ser garantes de la justicia. “Su misión, noble y pesada, pide consagrarse al servicio de la justicia y del bien común con el llamado constante a que los derechos de las personas y especialmente de los más vulnerables sean respetados y garantizados”, dijo el Papa a los jueces asistentes.
Como ya había afirmado el Papa en la anterior Cumbre Internacional de Jueces realizada en 2016, “sin libertad, el poder judicial de una Nación, se corrompe y siembra corrupción”. Aunque reconoce que los jueces sufren de amenazas y presiones de intereses políticos y económicos, hizo un llamado para que se hagan responsables de su vocación. La Cumbre, dijo el Papa, es una fuente de reflexión de los actos jurídicos que preponderan los derechos vulnerados o parcialmente asumidos por los Estados o los privados.
El Papa reconoció que los problemas a los que se enfrenta la sociedad de toda América requieren de la unión de “liderazgos compartidos y valientes” para hacer cambios de fondo y terminar con la inequidad. Expresó su preocupación por aquellos doctrinarios que claman que los derechos sociales no están de moda y que no aportan nada a las sociedades y así justifican políticas económicas y sociales que perpetúan la desigualdad e indignidad. “La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro —y digo pies, no zapatos, porque en muchos casos esas personas no tienen—, es también una forma de generar violencia: silenciosa, pero violencia al fin. La normatividad excesiva, nominalista, independentista, desemboca siempre en violencia”.
La injusticia social se invisibiliza, considera el Papa, debido a la normalización; así la modernidad, la tecnología, los privilegios y lujos se dan a unos cuantos, mientras la mayoría vive en una situación precaria. Las personas en situación vulnerable se reconocen sólo cuando “algunos hacen ruido en las calles” y aun así se les posterga, convirtiéndose, el olvido y la discriminación, en obstáculos que debilitan el pacto social y la democracia, aseveró Francisco I.
“Se deben crear legislaciones que reconozcan la dignidad de las personas, evitando los vacíos legales que generan corrupción y son círculos viciosos que privan a las personas y a las familias de las necesarias garantías para su desarrollo y su bienestar.” Papa Francisco
Para garantizar que la democracia no sea sólo nominal, enfatizó el Papa, se requiere del máximo esfuerzo de las autoridades, incluyendo el Poder Judicial, “para reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del mismo. No hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad”. La igualdad nominal, dijo, esconde la desigualdad real. Ante el condicionamiento social y las diversas miradas de la realidad, se deben encontrar caminos nuevos “para que la igualdad ante la ley no degenere en la propensión de la injusticia”.
El Pontífice citó la Carta encíclica Laudato 142, al referir que “los Derechos sociales no pueden ser solamente exhortativos o apelativos nominales, sino que han de ser faro y brújula para el camino porque la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana”. En ese sentido, expresó que el compromiso debe ser dar operatividad a los Derechos Sociales y desarticular los argumentos que atenten contra ellos. Para ello el Papa dijo que se deben crear legislaciones que reconozcan la dignidad de las personas, evitando los vacíos legales que generan corrupción y son “círculos viciosos que privan a las personas y a las familias de las necesarias garantías para su desarrollo y su bienestar”.
Se refirió a los jueces como “hacedores” del derecho, más allá de las normas, de tal manera que ellos deben hacer sentir a las personas que acuden a ellos que los conocen y comprenden su situación, sobre todo, que reconocen su “plena ciudadanía y en su potencial ser agentes de cambio y transformación”.
Los sectores populares, expresó, son parte activa de las comunidades y naciones, por lo tanto, tienen derecho a participar en la búsqueda de soluciones inclusivas. Es importante, afirmó, que los operadores jurídicos, desde su formación estén en contacto con las realidades de los ciudadanos y puedan comprender las injusticias por las que tendrán que actuar eventualmente. También comentó que es necesario dar espacio a los jóvenes excluidos o marginados para que puedan actuar.
Cuando se trata de la defensa de los Derechos Sociales por encima de otros intereses, lleva a los jueces a enfrentarse con un sistema que pondrá en duda sus valores. “¡Cuántas veces los jueces y juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y del oprobio, cuando no de la calumnia! Ciertamente, se requiere de una gran entereza para poder sobrellevarlas”. Añadió que la Cumbre les daba la oportunidad de apoyo y ayuda recíproca para continuar con su labor.
Francisco I concluyó destacando la importancia de los jueces: “Ustedes tienen un rol: son poetas sociales cuando no tienen miedo a ser protagonistas en la transformación del sistema judicial basado en el valor, en la justicia y en la primacía de la dignidad de la persona humana”, sobre cualquier otro tipo de interés o justificación. Conminó a los jueces a coordinar esfuerzos, diseñar estrategias y comprometerse en pro de la dignidad humana, la paz y los derechos humanos.
En su oportunidad, el Magistrado Rafael Guerra destacó el valor de los jueces que diariamente responden con responsabilidad a las necesidades sociales, “un juez sometido a cualquier yugo deriva en grilletes para todas las demás facetas de la naturaleza, por eso, la autonomía de sus fallos es un valor tan esencial para que la vida humana se pueda desenvolver. Es por eso que su libre albedrío deriva en la libertad de sus comunidades y sus naciones. Hay que defender la autonomía e independencia del juez porque sin ella la libertad y la democracia serían sombras débiles”.
Afirmó que la Ciudad de México contempla en su Constitución la protección de la ecología y el medio ambiente como un derecho humano, asimismo, señaló las acciones que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México implementará para garantizar el acceso a la justicia ambiental. “en la encrucijada del futuro ambiental, sus decisiones [del tribunal], delinearán la esfera de protección que requiere el medio ambiente”.
“Uno de los objetivos de la Junta Permanente debe ser impulsar desde dentro de los poderes judiciales en toda la región, la creación de leyes que promuevan no sólo la igualdad de género, sino también la paridad de género en la composición de los órganos del poder judicial en todos los niveles”: Elías Huerta Psihas
Durante su intervención, el Dr. Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho de México —quién asistió a la Cumbre en calidad de observador—, se refirió a la necesidad de igualar la participación de hombres y mujeres en los poderes judiciales de los países de las tres Américas, lo que no es sólo una exigencia de las organizaciones de juezas en la región, sino también una prioridad en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Huerta Psihas consideró que uno de los objetivos de la Junta Permanente debe ser impulsar desde dentro de los poderes judiciales en toda la región, la creación de leyes que promuevan “no sólo la igualdad de género, sino también la paridad de género en la composición de los órganos del poder judicial en todos los niveles, apoyándose en las acciones que viene ya implementando en esta dirección ONU Mujeres”.
Explicó que, en el caso de México, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, de 11 ministros, sólo 2 son mujeres. En la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, de 7 magistrados, sólo 2 son mujeres. De los 32 presidentes de los tribunales superiores de justicia locales, sólo 6 son mujeres.
En condiciones similares, en Argentina de 5 ministros de la Corte Suprema, sólo una es mujer; en Estados Unidos de 9 ministros, 3 son mujeres. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, de los 7 jueces sólo una es mujer y en la Corte Internacional de Justicia que se encuentra en La Haya, de 15 integrantes, también sólo una es mujer. Es decir que el promedio de presencia femenina en las altas cortes, en la región y en el mundo, es menor al 20%.
En el Poder Legislativo en nuestro país, señaló, a través de una reforma constitucional en el 2014 se estableció la paridad de género, logrando en la actual legislatura una composición paritaria: en la Cámara de Diputados con 243 mujeres y 256 hombres (de 500) y en Senado de la República con 63 mujeres y 65 hombres (de 128).
Esta situación fue sin duda el punto de partida para que recientemente se generara otro acontecimiento histórico en México: impulsada principalmente por las mujeres legisladores, el pasado mes de mayo se aprobó por unanimidad en el Senado una nueva reforma constitucional que ordena la paridad de género en los tres poderes Federales y en los tres órdenes de gobierno. Este es un ejemplo real de que es posible luchar y alcanzar la paridad de género en el Poder Judicial.
La Junta Permanente Panamericana de Jueces en Defensa de los Derechos Sociales, enfatizó, debe promover cuando menos las siguientes tres acciones: a) los integrantes de los poderes judiciales de los países de la región deben impulsar leyes que ordenen la paridad de género en la composición de los órganos del Poder Judicial en todos los niveles; b) se profundice en la política judicial de juzgar con perspectiva de género y; c) capacitar a los juzgadores en el conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías en la actividad jurisdiccional.
El Pleno instaló la Junta Permanente Panamericana de Jueces y Juezas en Defensa de los Derechos Sociales y creó un Comité Permanente para darle seguimiento a los acuerdos tomados en la Cumbre y organizar la siguiente reunión el próximo año, quedando al frente del mismo el Juez argentino Roberto Andrés Gallardo, quien fue el coordinador del evento.
