La prostitución es un acto violento y afecta a las poblaciones más vulnerables en el mundo, la penalización a los consumidores es clave para terminar con las redes de trata de personas considera el Vaticano y asociaciones civiles.
En el foro “Visión global al delito de trata de personas”, que se llevó a cabo el día de ayer en la sede del Poder Judicial de la Federación, organizado por la Asociación de Jueces y Magistrados Federales y por la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales (Vaticano), enfatizó que, la trata de personas es la nueva forma de esclavitud y son crímenes de lesa humanidad, por lo que se debe combatir con políticas enfocadas al consumo y a la atención a las víctimas.
Rosi Orozco, Elías Huerta, magdo. José Luis Caballero Rodríguez Monseñor Marcelo Sánchez, Gregoire Thery
“Mientras se siga viendo a las mujeres como objeto y su cuerpo se comercialice se normaliza esta violencia a nivel mundial… Lo que se trata es de poner al centro a la víctima y eso debe favorecer a una nueva ley que por primera vez penalice a los consumidores para acabar con la esclavitud de estas personas” puntualizó Monseñor.
Me parece importante que México, que se ha significado en Latinoamérica por ser un país de avanzada en los temas de prevención y combate a la trata de personas y que tiene una ley modelo en la región, debería promulgar una ley que sancione a consumidores de prostitución, siguiendo el ejemplo de Francia y de los países del norte de Europa que ya la tienen y que ha sido fundamental para combatir este flagelo y disminuir visiblemente los índices de violencia en esta materia.
En el mismo sentido se pronunció Gregoire Thery, director de la fundación francesa Coalición Internacional para la Abolición de la Prostitución (CAP), que provee asistencia a víctimas de prostitución en 28 países, es promotor de la Ley de Abolición de la prostitución, en la que se reconoce a ese acto como un obstáculo a la igualdad, y sanciona la comercialización del cuerpo humano.
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“Castigando al consumidor se acaba la compra de sexo y así se acaba con la trata de seres humanos”. Thery enfatiza que la prostitución es un acto de violencia y afecta a las poblaciones más vulnerables, entre ellos indígenas, mujeres, niños y niñas.
El asesor en materia de equidad explicó que las personas que se prostituyen sufren de violencia verbal, física y psicológica que afecta gravemente su desarrollo humano, incluso una vez que deja de prostituirse.
Esa violencia provoca que el 12 por ciento de personas víctimas de ese delito se suiciden. Las personas que logran salir de esa situación sufren discriminación. Thery diferenció la prohibición de la abolición, pues la segunda no criminaliza a las personas que ejercen la prostitución sino al consumidor y a los que comercializan el cuerpo de mujeres, niños, niñas, hombres e incluso personas de la tercera edad.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Unidos vs la Trata, Rosi Orozco, detalló que, en México sólo 7 estados de la República tienen refugios aunque la ley para combatir la trata establece que cada entidad debe tener uno.
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De esa manera, los estados que cuentan con refugios son los que logran más sentencias a favor de las víctimas. Destacó que las víctimas deben tener acompañamiento psicológico y legal para poder reintegrarse a la sociedad, obtener justicia y reparación del daño.
Para ahondar un poco en el tema legal, el magistrado Humberto Román reconoció que sí hay fallas en el proceso de judicialización en los casos de trata de personas.
“Si no se llega a un buen resultado es porque el ministerio público no hace una investigación eficaz que permita a un juez emitir una sentencia a favor de la víctima”, otro factor que afecta las resoluciones, lamentó, son las creencias personales.
En el caso de México, citó el ejemplo en el que se quiso prohibir la prostitución y aumentaron los delitos sexuales, por lo que se debe crear una política integral, señaló.
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En su participación, el Dr. Elías Huerta, presidente de la ANDD, aseguró que la trata de personas es un flagelo que debe ser combatido y erradicado, con una política prioritaria en la materia del Estado mexicano. También, reconoció la voluntad del Papa Francisco para reunir a jueces y juezas de todo el mundo para sensibilizarlos en el tema y avanzar en políticas que favorezcan en la prevención y combate de este delito que representa la forma moderna de esclavitud, así como reconocer las buenas practicas a nivel mundial que se pueden reproducir en otros países y garantizar justicia y seguridad a la población.
No debemos olvidar, enfatizo el Dr. Huerta, que después del narcotráfico y el tráfico de armas, la trata de personas es el ilícito que más ganancias deja, según el departamento de Estado de E.U. de aproximadamente 150 mil millones de dólares al año y que afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo.
