A más de un mes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía1, el Ejecutivo Federal sigue sin integrar la Comisión que se encargará de recibir y aprobar las solicitudes de amnistía.
Equis Justicia para Mujeres señala que, Es urgente que la autoridad conforme dicha Comisión, sin agotar el plazo máximo de 60 días hábiles establecidos por la Ley, a fin de concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas, bajo el fuero federal.
Añaden que, esta medida tomaría particular importancia durante la pandemia por COVID-19, pues de aplicarse a la brevedad, la Ley de Amnistía contribuiría a mermar la sobrepoblación en las cárceles.
Al 26 de mayo, la CNDH había reportado 177 personas privadas de la libertad contagiadas de COVID-19 y 37 decesos, por lo que reducir la población penitenciaria resulta apremiante.
La asociación explica que, la pronta implementación de la nueva Ley constituirá un paso importante para garantizar el reconocimiento de derechos y acceso a la justicia de poblaciones históricamente criminalizadas y vulneradas; y, de la mano con los mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) configuraría la oportunidad de otorgar beneficios más integrales y efectivos a la población penitenciaria en el país.
Consideran que, la falta de voluntad de los agentes estatales ha impedido la plena implementación de ambas normas.
Por lo anterior, hacen un llamado al Ejecutivo Federal a que instale dicha Comisión lo antes posible, y empiece a resolver casos de manera expedita.
Asimismo, llaman a que se tome en cuenta lo siguiente, con objeto de garantizar que todas las personas potencialmente beneficiarias accedan a los beneficios:
- Definir a las y los operadores de justicia del Poder Judicial Federal que evaluarán lo que la Comisión
- Publicar los procedimientos para la recepción y trámites de solicitudes de amnistía.
- Difundir dicho procedimiento en los centros penitenciarios, en un lenguaje accesible para todas las personas, incluyendo a personas con discapacidad, que no saben leer o hablantes de otro
- Garantizar el acceso a defensores y defensoras de oficio que asesoren y acompañen los trámites de las amnistías.
- Así como asegurar un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas
