Ya es de conocimiento general que, el pasado primero de mayo del año en curso fue aprobada la Reforma Laboral más trascendental de las últimas cinco décadas. No obstante, estos últimos meses han surgido una serie de disposiciones, iniciativas y aprobaciones que, no solo van materializando los cambios contemplados en dicha reforma, sino que van evidenciando su verdadero objetivo.
Ya hemos escrito acerca de la NOM035 de la STPS, externado nuestra preocupación al respecto, incluso fuimos mal interpretados en una columna anterior, pero es un hecho que la legislación exige poca preparación y especialización a los funcionarios inspectores del trabajo, lo que resulta peligroso al querer combinar Normatividad de primer mundo, con funcionarios de nivel inferior, lo que ocasiona que lejos de fungir como una fuerza niveladora de las relaciones obrero-patronales, funcione más como una herramienta de extorsión, si, sabemos que no es la intención de esta ni ninguna otra administración, pero en el día a día, la realidad es muy diferente.
Por otro lado, tenemos iniciativas modificatorias a la Ley Federal del Trabajo que pretenden devolverle la naturaleza a los salarios caídos “eternos”, practica que quedo clara desde antes de la Reforma de 2012 que no era eficiente. Otras iniciativas pretenden regular, o más bien, hiper vigilar la subcontratación, pretendiendo incluso, equipararla a delitos fiscales graves y peor aún, a delincuencia organizada… ya nos empieza a sonar más a la Reforma Fiscal, ¿cierto?
En ese orden de ideas, hace unos días la cámara de Diputados aprobó el dictamen para expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mismo que sustituirá la función de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (a cargo de las Secretarías del Trabajo), no solo en su función conciliatoria, sino en el hecho de transformarla en una etapa pre judicial obligatoria, adicionalmente tendrá la función reguladora de asuntos colectivos. Lo anterior aún no puede definirse como malo o bueno, pero el hecho indiscutible es que la STPS perderá una función que le consumía prácticamente todo su ejercicio, por lo tanto, una Secretaría que ya no administrara la Justicia Laboral y que ya no intervendrá en la función conciliadora tanto individual como colectiva, ¿qué le queda?, ¿programas sociales como “Jóvenes Construyendo el Futuro”?, pues le queda una función que pudiera darle más sentido a su existencia… la de la inspección.
Entonces, tenemos iniciativas que equiparan el “outsourcing ilegal” con delincuencia organizada, una Secretaría que, si no quiere perder su importancia, seguramente endurecerá la figura de la Inspección en cuanto a su labor recaudadora. Las inspecciones no atendidas o con muchos puntos observados derivan en multas económicas y de aprobarse ciertas iniciativas incluso pudieran tener la facultad de dar vista al Ministerio Público por posibles actos “delictivos”.
Todo lo anterior nos lleva a concluir: estamos ante la posibilidad de un endurecimiento en la función reguladora de la STPS, lo que resulta peligroso ya que Empresas y Trabajadores están a merced de un funcionario pobremente preparado conforme a las exigencias legales, que triste y seguramente guarda más una agenda personal que tiene como objetivo escalar en el organigrama burocrático, mientras tanto, abundaran las observaciones pobremente argumentadas y consecuentemente las multas injustas, únicamente resta evolucionar al interior de las Empresas a efecto de estar preparados para la oleada de vigilancia.
