Lic. Jasper Hyton Mendoza
En días recientes sentado a la mesa en un evento social, coincidí con un selecto grupo de comensales, cada uno con diferente profesión o especialidad. El conjunto estaba formado por un arquitecto, un actuario, un ingeniero y un publicista, acompañados por sendas parejas, también profesionales de alguna actividad. El factor común parecía ser el éxito en el quehacer individual y el compromiso con la labor desempeñada; al menos, por lo que en la plática se pudo externar, y todos nosotros, como cualquier persona en nuestro país, susceptibles y en riesgo de verse involucrados en algún momento de su vida dentro de un proceso penal, ya sea por accidente, negligencia o lo que es peor, desconocimiento de la ley, esto considerando la hipótesis de que se trata de individuos honestos que no llevarían a cabo algún acto calificado como delito intencionalmente.
Todos en aquella mesa nos veíamos afectados o beneficiados de una u otra manera por el Sistema Penal. Durante la conversación, al proponer el tema, pude darme cuenta que en general sólo se tienen ideas básicas y abstractas sobre lo que significa la Reforma Penal. Los mexicanos han escuchado hablar de los juicios orales, visto algo al respecto en algún noticiero o anuncio publicitario, pero si no se es un entendido del Derecho, difícilmente se comprende lo valioso que resulta para todos nosotros. No se alcanza a percibir ni dimensionar el significado de contar con un Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), ni los beneficios que pueden brindarnos los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, las medidas cautelares o un proceso ágil y transparente mediante audiencias orales.
Difícilmente se considera útil o interesante hablar del tema, y las palabras que se posicionan comúnmente en la mente de los ciudadanos son: violencia, impunidad, desconfianza y corrupción. Por otro lado, el miedo, preocupación, angustia, y estrés, son sentimientos comunes en cualquier ciudadano al pararse frente a un Ministerio Público después de ser víctima de algún delito, así como la impotencia, rabia, enojo y vulnerabilidad, al tratar de obtener justicia. La bondad de la Reforma Penal es todavía un tema de abogados y para abogados, ajena al resto de la población que mantiene una actitud de desconfianza hacia las instituciones y sus funcionarios, resultando imperante que permita lograr que la percepción de la ciudadanía, hacia el Nuevo Sistema de Justicia, sea clara y alentadora.
La trascendencia para México de la Reforma Constitucional en materia de seguridad y justicia, así como de la publicación del CNPP, no radica solamente en un cambio a la ley; representa una transformación total en la forma de operar de las instituciones involucradas. No será suficiente crear más leyes, más códigos, reglamentos y protocolos, para cumplir con los principios rectores del nuevo procedimiento penal; resulta fundamental, además, detenerse a pensar en cómo llevarlos a la realidad práctica, para lograr su operación exitosa, mediante el uso y la aplicación de todas las herramientas teóricas y prácticas de vanguardia disponibles. Derivado de lo anterior, podemos intuir que su operación requerirá de la participación de muchas y diversas disciplinas profesionales en cada una de sus diferentes etapas; ya sea la planeación, el diseño de la gestión, la puesta en marcha, la operación diaria y medición de sus resultados.
Al considerar los esfuerzos realizados en las diferentes entidades del país, es notorio el avance logrado,teniendo como resultado, diferentes niveles de cumplimiento. Sin embargo, al analizar a detalle la operación diaria, es perceptible que el diseño contempla una visión muy general. No considera algunos detalles y problemas ocultos en áreas de oportunidad difíciles de detectar; se dejan abiertos muchos riesgos en ejecución, los cuales pueden poner en entredicho el acatamiento de los principios rectores, el esperado impacto social así como el consecuente efecto en la economía y crecimiento de nuestro país.
En este punto hacemos una pausa para señalar las ventajas de las nuevas tecnologías que, unidas a procesos más ágiles y detallados de operación, permitirá en todos los roles y puestos de trabajo involucrados, ejecutar sus tareas diarias de una manera ágil, eficiente y transparente. Es necesario encontrar nuevas formas de realizar todo aquello establecido en la ley, tanto en lo adjetivo como en los sustantivo. En el primero, lo más lógico sería pensar en la obligada y necesaria intervención de ingenieros, arquitectos y administradores, entre otros. En el segundo, en donde nos enfrentamos a una mayor y fundamental participación interdisciplinaria, en la que el método científico deberá ser aplicado rigurosamente por profesionales de muy diversas materias, y en el que será determinante de la verdad jurídica, el apoyo y participación de licenciados en Derecho, que ejecutarán desde sus trincheras los requerimientos y formalidades procesales, será de gran valía.
La existencia de un CNPP permite la apertura hacia la estandarización nacional, respetando la propia autonomía y necesidades particulares de las entidades. Las herramientas deben diseñarse para ser estandarizadas, que permitan la comunicación y colaboración entre instituciones de diferentes regiones del país. Los códigos de procedimientos realizados con anterioridad por cada uno de los estados presentaban interesantes particularidades, reflejaban las necesidades propias, sin embargo, exteriorizaban grandes retos para una implementación organizada y articulada en todo el país. La entrada en vigor del Código Nacional representó una oportunidad extraordinaria para obtener un modelo general que opere a la vanguardia en y que se pueda aterrizar a un nivel particular para cada una de los estados, respecto a la operación.
Publicar leyes y códigos nunca
será suficiente, hace falta
llevarlos a cabo de
la mejor manera; acabar
con las ambigüedades
procesales para lograr la
agilidad jurídica mediante una
operación eficiente.
Estamos ante la posibilidad de lograr que toda la información penal se comparta mediante la comunicación de sistemas informáticos, emergiendo una nueva dimensión en prevención y procuración de justicia. Pero, para que esto suceda, será necesario estandarizar las estructuras operativas de las instituciones, tribunales, procuradurías, defensorías, seguridad pública y otros organismos relacionados, como lo son las autoridades de supervisión, seguimiento de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso; también, aquellos encargados de la ejecución de sentencias, entre otros. La meta deberá ser que la atención brindada a la ciudadanía mantenga un estándar similar de excelencia en todas las Instituciones y en todo México.
Desafortunadamente los sistemas informáticos no serán la solución mientras no exista una verdadera gestión que integre las actividades diarias a la sistematización planteada. El peligro radica en que no se adecuen al trabajo particular en cada puesto o cargo, derivado del diseño de modelos con procesos poco profundos. Por eso, es fundamental contar con modelos adecuados al personal que ejecutará las tareas.
Las leyes dictan la norma a cumplir, pero el problema radica en cómo lograr la ejecución; es cuando una operación eficiente se torna en la base para el acatamiento de los principios rectores del nuevo sistema. Una medida cautelar por ejemplo, requerirá de diseño, proceso y medios para ser cumplimentada eficientemente; una verdadera reinserción social nunca será posible de no contar con los sistemas informáticos, junto con las bases de datos, que permitan gestionar, almacenar y encontrar los informes de cada sentenciado. Se requiere por lo tanto, de tecnologías que permitan disponer de la información en tiempo y forma, de modelos de gestión que brinden una adecuada actuación, una planeación que permita mejorar continuamente, y los indicadores que reflejen tangible y objetivamente la actuación diaria facultando la entrada a ciclos de mejora continua. De lo contrario será triste atestiguar que una persona no alcance los beneficios a los que tiene derecho debido a una falta tangible en la capacidad tecnológica y de la información.
El modelo de operación propuesto para las instituciones relacionadas con la operación penal debe ser integral, en donde se consideren todos los avances conocidos así como las acciones ya tomadas en el país. La nueva forma de trabajar deberá ser vanguardista, con una esencia de mejora continua; su trazo rector, las lecciones aprendidas, pero sobre todo su motivación: el beneficio social. Tenemos el compromiso de lograr un sistema penal que brinde seguridad, transparencia, agilidad y homogeneidad a todos los mexicanos y ofrezca la posibilidad de contar con mecanismos que aseguren la correcta prevención, detección, persecución y sanción del delito.
Con la finalidad de entregar un ejercicio que contribuya con lo anteriormente expuesto y con base en mi experiencia, propongo ejecutar un diagnóstico general sobre los avances y resultados obtenidos hasta el momento en cada entidad federativa e institución, en relación con la operación penal. Para ello, será imprescindible el apoyo de un sistema de indicadores nacionales que faculten la posibilidad de obtener una valoración objetiva; a partir de ella surgirán conclusiones tangibles y propositivas. Es obligatorio diseñar la correlación existente entre la inversión económica realizada en cada región contra los efectos alcanzados, esto, a partir de datos que reflejen cantidad de denuncias, delitos registrados, etcétera, de manera tal que se pueda evaluar el impacto y efectividad de cada uno de los esfuerzos realizados.
Las conclusiones emanadas de este diagnóstico, serán el pilar de una planeación integral que permita aminorar las brechas detectadas, resolviendo o minimizando, en su caso, aquellos factores de riesgo detectados para alcanzar una operación plena en todo el país y de manera individual en cada institución y entidad involucrada. No debe olvidarse que, desde la perspectiva de un punto de vista de operación a bajo nivel, es que las necesidades y requerimientos deberán ser considerados, porque la única manera de identificar problemáticas reales es atendiendo aquellas propias de los funcionarios vinculados con la atención y respuesta al ciudadano, sobre las cuales se asentarán las de los niveles operativos superiores.
En paralelo, es necesario contar con diagramas de procesos que respalden la filosofía de un diseño de bajo nivel operativo, establecer de manera gráfica las actividades, comunicaciones y documentos que se llevarán a cabo día a día en cada organización para cumplir cabalmente con todos aquellos procedimientos emanados del Código Nacional y demás leyes en la materia. Es importante que estos diagramas sean al mayor nivel de detalle posible, pues serán los que abrirán la posibilidad a una correcta sistematización.
A continuación, es importante el trabajo de diseño para cada área e institución, tomando en cuenta las actividades planteadas en los mapas de procesos, a partir de las cuales surgirán los puestos de trabajo requeridos para su íntegro cumplimiento. Es necesario evaluar siempre la eficiencia de los procedimientos propuestos a través de una metodología de mejora continua que establezca mecanismos de ajuste y actualización constante; a partir de este diseño operativo, se obtendrán las necesidades organizacionales de las instituciones, así como las volumetrías requeridas, los requisitos en sistemas informáticos y en tecnología, así como el resto de infraestructura faltante. De igual manera, un trabajo dedicado en la obtención de las actividades a ejecutar dentro de cada área de trabajo permitirá obtener un mapeo de indicadores de gestión, lográndose incluso determinar el mejor punto para la obtención de los valores que podrían alimentar a cada variable a medir.
El uso y aplicación de las herramientas informáticas deberá llevarse al extremo, no será suficiente que cada institución cuente con sistemas modernos y eficientes mientras se carezca de un planteamiento como el descrito en el presente trabajo. La tecnología concede la posibilidad de crear un sistema robusto que facilite acceder a una plataforma que soporte el manejo de expedientes, convertir las denuncias telefónicas en texto y datos, la consulta de información para búsqueda de personas, controlar el manejo de las evidencias, lograr una ágil comunicación entre todas las instituciones participantes directa o indirectamente en el proceso penal y manejar el audio y video de las audiencias. Todo esto, dando de alta al personal de cada área de trabajo según su puesto y rol específico y gracias a la posibilidad del manejo de la información en la nube.
La tecnología concede
la posibilidad de crear un
sistema robusto que facilite
acceder a una plataforma
que soporte el manejo de
expedientes, convertir las
denuncias telefónicas en
texto y datos etc.
Es posible contar con la información suficiente para agilizar y transparentar los procedimientos, evaluar la gestión, obtener una plataforma de inteligencia en la toma de decisiones para realizar un análisis a profundidad en tiempo real. Esto permitirá determinar patrones de comportamiento delictivo a partir del cruce de miles de datos, de los cuales emanen eficientes programas de prevención al visualizar los diferentes hechos delictivos dentro de un área geográfica a diferentes escalas cartográficas: municipios, colonias, cuadrantes, sectores o manzanas. Esta información podría presentarse mediante mapas cuya consulta sea amigable, ágil y oportuna; lo que permitiría tener conciencia de la situación, una rápida reacción y perfiles de personas, además de la detección y análisis de redes criminales. Se contaría con datos de alta calidad como punto de partida para emitir recomendaciones útiles en la toma de decisiones por parte de los titulares correspondientes.
Es correcto y lógico pensar que una transformación de tal magnitud puede tardar varios años en consolidarse, sin embargo, tenemos la oportunidad de ser el nuevo modelo a seguir; trabajar dentro de los más altos estándares internacionales, conscientes que de nuestra realidad debemos exigirnos la perfección. Es posible creer en nuestras instituciones, es posible que los mexicanos crean en su sistema de justicia, es posible vivir en un país con certidumbre jurídica. Sin embargo, publicar leyes y códigos nunca será suficiente, hace falta llevarlos a cabo de la mejor manera; acabar con las ambigüedades procesales para lograr la agilidad jurídica mediante una operación eficiente.
