En su última sesión de 2014, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C. (ANDD), formalizó el ingreso de nuevos miembros, entre otros, el del Dr. Juan Ignacio Hernández Mora, quién actualmente es titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal, dependencia de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, que tiene a su cargo el control y la administración de las 16 centros penitenciarios federales, incluidos el de las Islas Marías y los de máxima seguridad del Altiplano y Puente Grande.
Durante la reunión, el Dr. Hernández Mora realizó algunas reflexiones sobre la situación que guarda el Sistema Penitenciario Nacional y de algunas acciones que se están llevando a cabo en ese sector. Señaló que durante la última década el sistema penitenciario ha sufrido una transformación en 2 etapas: la primera en 2003, en gran medida ante la entrada en operación del 6° Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), el cual les permitió pasar de 2 mil 800 internos a cerca de 4 mil 200. La segunda, a partir del 2009 y hasta 2011, años en donde más Centros iniciaron operaciones, propiamente 10, con lo cual el número llego a 16. Situación que incrementó sensiblemente el número internos, pasando de 6 mil 600 a 18 mil. “Un crecimiento de casi 200% en este periodo y se pasó de 9 mil 161 lugares en 2009 a 17 mil 680, casi un 100% para el 2011”. El sistema penitenciario federal, comentó, hoy cuenta ya con 22 centros penitenciarios. “Tenemos 4 CEFERESOS en la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios (CPS) y en 2014 la población es de casi de 25 mil internos, de estos el 92% son del fuero federal. En el 2014 la capacidad instalada es de 31 mil espacios, 11 veces más a lo que teníamos en el 2003”.
Reconoció que ese incremento en infraestructura trajo consigo una serie de problemas que han obligado a implementar acciones inmediatas. Algunos de los inconvenientes, es que por el diseño con el que fueron creados estos Centros Penitenciarios, no se tomó en cuenta al Poder Judicial. De ahí que desde que asumió el cargo a principios del 2014 me di a la tarea, afirmó, de tener una comunicación activa con el Consejo de la Judicatura Federal para lograr, que a partir del 2015, todos los Centros Federales cuenten con juzgados.
En el mediano plazo, adelantó, se pretende terminar los CEFERESOS de Morelos y Michoacán, lo cual permitirá tener una capacidad instalada en el sistema penitenciario federal para llegar a más de 42 mil espacios. “Con esto prácticamente la federación podría resguardar, no solamente a los internos del fuero federal, sino también a objetivos específicos que de acuerdo con su perfil criminal pudieran no estar en un centro estatal de reclusión, lo cual permitiría reducir de manera muy notable las presiones que hoy tiene ese sistema”. La perspectiva del sistema penitenciario nacional tenderá a estabilizarse y a reducir los problemas de sobrepoblación, el cual alcanza un 28%, hoy estamos trabajando, enfatizó, “para alcanzar una infraestructura digna en el sistema carcelario nacional”.
Estamos transitando hacia un
nuevo sistema de justicia penal
y el sistema penitenciario
no puede ir a una
velocidad diferente.
Advirtió que el mayor de los retos que enfrenta el sistema penitenciario en la actualidad es no contar con una Ley Nacional de Ejecución de Sanciones como un instrumento que permita al Estado mexicano garantizar la readaptación efectiva de todos aquellos internos que en la actualidad se encuentran en estos centros penitenciarios. Anteriormente, dijo, no había un acercamiento con el poder legislativo para intercambiar puntos de vista sobre esta ley; sin embargo, al ser invitados por la PGR a las mesas de trabajo sobre el tema, lograron exponer sus puntos de vista, de tal modo que formaron un equipo de trabajo, que ante la realidad del sistema penitenciario y las consecuencias de aprobarse una norma inadecuada, se detuvo en las cámaras con el fin de incluir propuestas que sirvieran para mejorarla. De no haber actuado a tiempo, comentó se hubiesen generado muchos problemas, al grado de hacer al Órgano Administrativo Desconcentrado inoperante.
Se pretendía realizar una inversión cercana a los 21 mil millones de pesos, pero sin tenerse una claridad o conocimiento para su distribución en las necesidades más apremiantes. Se estaban proyectando obras, señaló, sin un plan de trabajo y resultados en el mediano y largo plazo: había un programa para instaurar centros penitenciarios de acuerdo a cada perfil criminal, lo que indudablemente generaría una explosión de infraestructura. Cada centro federal que cuenta con recursos privados y públicos, reveló, requiere aproximadamente de 100 millones de pesos mensuales para su manutención; de haberse concretado lo establecido en el papel, no habría recursos suficientes que los sostuvieran.
Informó de algunas políticas que se han asumido frente a la inminente entrada en vigor en todo el país, en junio de 2016, del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, asegurando que el sistema penitenciario, no puede ir a un ritmo diferente y por ello están trabajando de cerca y en coordinación con la SETEC. “Este panorama nos permite afirmar que si continuamos en la ruta que nos hemos planteado de capacitación, de formación, de integrarnos plenamente al sistema penal acusatorio y contar con los recursos necesarios, en 2 años verdaderamente veríamos un cambio de lo que agobia al día de hoy al sistema nacional penitenciario”. En este contexto, uno de los temas que más nos preocupa es la capacitación del personal que labora en estos centros, y no obstante que hasta mayo del 2014 tenían el mayor retraso en la implementación del nuevo sistema penal, aceleraron el paso y trabajando a marchas forzadas lograron un elevado grado en la profesionalización del personal. “Estamos incluso creando protocolos de actuación que no teníamos en los centros federales”, dijo Hernández Mora.
Decidimos cambiar el perfil
de los exámenes de control,
como el de salud, porque
prácticamente nadie cumplía
con este programa.
Hace falta personal para estar al 100% con la capacidad requerida. En cada centro se necesitan cerca de 4 mil personas; sin embargo, los filtros de contratación son muy rigurosos y ello ha generado un vacío, al grado que tuvieron que modificarse los exámenes ante la rigidez con la cual habían sido elaborados. “Decidimos cambiar entonces el perfil de los exámenes de control, como el de salud, que prácticamente nadie cumplía. Modificamos algunos principios que se tenían en materia de salud, inclusive el método de entrevista, logrando una despresurización y que entrara ya el nuevo equipo de trabajo; por ejemplo, ahora tenemos ya 580 personas capacitadas, entrenadas y listas para arrancar nuestro CPS en Chiapas”.
Al abordar el funcionamiento administrativo de los CPS, destacó que sus directores deben estar alejados de aquellas responsabilidades que los distraigan de su trabajo. De actividades como pago de servicios, mantenimiento, nóminas, entre otros. “Para eso debe tener un subdirector técnico y jurídico, para trabajar directamente con los empleados y que no le permitan involucrarse tanto en este tipo de distracciones para que pueda enfocarse en su totalidad a las responsabilidades que le fueron encomendadas”.
Dr. Hernández Mora abordó el tema de la ley de Adolescentes, comentando que era un aspecto muy delicado vinculado al sistema penitenciario, sobretodo, subrayó, por el gran incremento del fenómeno delincuencial entre los jóvenes, que ha obligado a trasladarlos a zonas alejadas de su residencia.
No debemos olvidar que el
problema de salud pública que
existe en el país, lo vivimos
también en los centros
penitenciarios.
Reconoció que los CPS en su diseño original, no cuentan con espacios dignos para abogados, para defensores, porque se pensó que únicamente se recibirían en dichos centros a los reos. “Tenemos cárceles diseñadas al estilo texano: sin juzgados, sin dormitorios para muchos internos o sin lugar para visitas íntimas. Nos hemos visto obligados a remediar este tipo de situaciones y es un trabajo que hemos venido realizando coordinándonos con el Consejo de la Judicatura Federal”.
Finalmente, aseguró que entre los graves problemas que enfrentan la población penitenciaria en los CPS están el de salud, sobre todo porque hay internos con todo tipo de enfermedades delicadas como la diabetes o la hipertensión, especialmente en internos de la tercera edad, lo que los obliga a implementar medidas y programas especialmente enfocados a estos temas. “No debemos olvidar que el problema de salud pública que existe en el país, lo vivimos también en los centros penitenciarios”.
