Preocupación por la certidumbre jurídica de la tenencia de la tierra ante el sector energético
En México, 65% de la tierra es social, entre comunidades y ejidos. Actualmente existen 29,441 ejidos y 2,344 comunidades en el territorio nacional. Para el abogado especialista en Derecho Agrario, Gabino Fraga, esta conformación geográfica le plantea otro reto a la reforma energética implementada por el sexenio que está por acabar: “Uno de los grandes retos de esta reforma es acabar con la incertidumbre jurídica de la tierra social”, asegura.
La razón se atribuye a que más de la mitad del territorio está conformado por tierras ejidales y a la falta de reglas claras sobre cómo funciona y se aplica el proceso para que las compañías energéticas, incluso Pemex, lleven a cabo el Proceso Administrativo de Ocupación de la Tierra, por lo que existen vacíos que aún deben subsanarse. Uno de ellos es el reparto de regalías, el otro son los criterios para fijar montos y destinatarios. Todo centrado en un marco de total respeto a los derechos humanos de las comunidades.
“Recordemos que la Ley de Hidrocarburos eliminó el tema expropiación. Hoy, únicamente habla de servidumbre legal de hidrocarburos que te permiten tener la posibilidad de instalar pozos o ductos en tierra, entre otros”, explicó Fraga.
Además, al tratarse de comunidades originarias debe regirse bajo consultas indígenas, ya que al considerarse actos de autoridad, el gobierno mexicano debe seguir los protocolos internacionales a los que se ha suscrito, por ejemplo, el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), los Pueblos Indígenas y Tribales, los Protocolos de Ecuador, así como el Fondo Monetario Internacional.
Otro de los puntos que recomienda analizar Fraga es la reforma de 2011 que convirtió a la Constitución Mexicana en pro homine, lo que significa que todos los jueces, magistrados y ministros deben aplicar la norma nacional o internacional que mejor proteja al hombre y a sus derechos humanos.
Esto, enfatiza el abogado especialista en temas agrarios, dará todo un marco jurídico que ayudará a evitar conflictos a largo plazo. Además, hace una recomendación: “Hay que ser cuidadosos en los temas de cómo llegas (comunicación clara y transparente), cómo ocupas la tierra (mecanismos legales con amplia explicación), y cómo mantienes una relación sana a largo plazo (gran parte del éxito de un proyecto tiene su base en una relación de comunicación continua y cumplimiento de los compromisos pactados), no olvidando el tema de las regalías (pagos constantes a realizar)”. Tal vez este sea el tema más confuso a tratar.
Regalías, tema toral por resolver
De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, todos los dueños de las tierras que son explotadas por Pemex o compañías privadas nacionales o internacionales tienen derecho a recibir regalías que van del 0.5 al 3.5% sobre la explotación total.
“Sin embargo, todavía no están claras las reglas de cómo se distribuye entre los propietarios. Por ejemplo, en el caso de los ejidos, la ley dice que es al ejido como persona colectiva, pero ¿qué pasa con los terrenos de explotación si estos ya están en parcelas individualizadas? Los ejidatarios, no van a querer compartir el recurso con el ejido. Eso puede llevar a temas complicados de implementación”, explicó.
Está en manos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Secretaría de Energía fijar los criterios claros para que este reparto de regalías (o ganancias) no se convierta en un conflicto que ponga en riesgo tanto la relación con sujetos propietarios de las tierras, donde por geografía se encuentre enclavado el proyecto, como el proyecto en sí mismo.
