Con todo y que la sentencia del máximo Tribunal de la Federación resulta ser una capítulo inicial y favorable sobre la legalización de la mariguana, la sociedad quedó sorprendida por la estrechez de tal resolución; pues el Organo Supremo, apenas protege a 4 personas de manera particular. La realidad es que las sentencias resuelven y protegen conforme a la petición jurídica que se formule; puesto que si unos ciudadanos ejercitan su derecho, únicamente a ellos se les protege; pero si fueran centenas, miles o millones, todas podrían resultar beneficiadas.
Lo anterior porque el Juicio de Amparo es una institución procesal que se ejercita por la vía de acción, no de oficio; lo cual significa que es necesario pedir la justicia. El Amparo se encarga de resolver conflictos entre los particulares contra actos de autoridad; esto es, los órganos y funcionarios de gobierno. En el caso que nos ocupa, los peticionarios primero solicitaron autorización ante las autoridades ordinarias, al no obtenerla, escalaron procesalmente hasta a la Corte. De no haber encontrado resolución, pudieron acudir a la Corte de San José, cuyas sentencias son obligatorias para el Estado mexicano. Sobre todo, al contener materia sobre Derechos Humanos (DH), tal como fueron invocados en la contienda procesal que nos ocupa. Para quienes comulgan con la idea de la legalización de la mariguana, podemos recordarles que en el Nuevo Amparo, así como en su Ley Reglamentaria de 2013, aparece la figura del “interés legítimo, individual o colectivo”. Esto es, basta que una sola persona presente la demanda de amparo para ser protegida; pero el fallo se extiende a todas aquellas que se encuentren en el supuesto del acto o norma lesivos que se combate. Incluso, si se impugna una ley o norma general, bien sea federal o estatal, por ser contraria a sus intereses, tales ordenamientos pueden ser nulificados conforme lo establece el párrafo 2° de la fracción II del artículo 107 constitucional y los artículos del 232 al 235 de la Ley de Amparo.
El texto constitucional señala: “Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente”. Cuyos términos se fijarán en la “ley reglamentaria”. Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Corte emitirá la “declaratoria general de inconstitucionalidad” correspondiente, siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos 8 votos.
El poder de la SCJN, puede proteger en forma por demás reducida o individual a unas cuantas personas mediante el “principio de relatividad de las sentencias” por el “interés jurídico individualizado”; luego a una multitud, a través del “interés legítimo individual o colectivo”.
En síntesis
a. Sin bien la primera sentencia favorable a la “siembra y consumo de mariguana para fines lúdicos o recreativos”, resultó favorable, aunque reducida por el número de solicitantes, los interesados pueden estar seguros que las peticiones por venir tendrán un efecto más amplio.
b. No por la estrechez del fallo, se vayan a desmoralizar, ya que es de suponerse que el Alto Tribunal, estará pronto a proteger a quienes acudan en calidad de peticionarios, aunque muchas personas, no estemos de acuerdo, por ahora, con tal legalización.
c. Pronto, vendrán nuevas resoluciones capaces de extenderse a multitudes que ya se encuentran armando sus peticiones.
