Entrevista con Julio César Bonilla Gutiérrez
Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).
El reto que nosotros tenemos como Instituto de Transparencia es tener un acercamiento cada vez mucho más intenso con la ciudadanía y con los entes obligados para primero explicarles qué son los datos personales y cómo deben protegerse.
¿Cuál es la principal función de Info?
Somos el instituto garante de transparencia que tiene una doble dimensión o una tutela de derechos que parecieran estar en posible colisión: el de acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
Después de 2012, el acceso a la información pública tuvo un creciente interés en la capital y en todo el país. La protección de los datos personales, el tema específico de la tutela a sus derechos sigue siendo de alta especialización, poca gente conoce en qué consiste la protección de los datos, es más, te preguntaría, ¿cuáles son los datos personales de los ciudadanos?
El reto que nosotros tenemos como Instituto de Transparencia es tener un acercamiento cada vez mucho más intenso con la ciudadanía y con los entes obligados para primero explicarles qué son los datos personales y cómo deben protegerse, es decir, cuáles son las herramientas que institucional y constitucionalmente tienen a su alcance para que la administración de los datos personales en posesión de sujetos obligados esté debidamente controlada y con apego a la normatividad.
¿Qué papel juegan ustedes en la cultura de los ciudadanos digitales?
El Estado juega un papel central, ya que tiene que partir de la educación dirigida a los ciudadanos para que comprendan cada vez más y mejor de qué se trata el mundo digital. No es cuestión solamente de acceder, porque es una lucha constante esta famosa brecha digital que significa que un número mayor de personas tiene acceso a internet. El que tenga acceso a internet no significa que la calidad con la que va a interactuar con el internet sea la que estamos esperando como ciudadanos digitales.
Al contrario, implica muchos mayores riesgos porque el paradigma está roto, lo privado se está desdibujando y todo lo que hagamos en las redes sociales y en internet se convierte en público. Nosotros como ciudadanos digitales debemos entender cuáles son los límites que nos debemos imponer. Porque en eso creo, soy un liberal convencido de que las redes sociales y el internet tienen que seguir fluyendo en este parámetro de libertad para el mundo.
Los límites de existir se tienen que autoimponer, tiene que haber una autorregulación de nuestra conducta frente a lo que accedemos o cómo accedemos al internet. Eso va a ser fundamental, ¿y cómo se logra?, con educación, con capacitación y con una interacción cada vez más intensa de órganos como el nuestro, haciendo del conocimiento público cuáles son los riesgos de exponer los datos personales en plataformas gigantes como las que tú conoces de empresas trasnacionales en redes sociales.
¿Cuál es su opinión con respecto a si los funcionarios públicos pueden bloquear a sus seguidores en redes sociales?
Eso es una discusión muy contemporánea, muy viva en este momento en nuestro país que se enlaza con algunos otros derechos vinculados con la transparencia: el derecho a la verdad, el derecho a la memoria y el derecho a la información.
“Los servidores públicos tienen un umbral de protección mucho menor que el que tienen los ciudadanos de a pie, porque la naturaleza jurídica o la condición política de un servidor público es totalmente diferente a la de un ciudadano.”
El derecho a la verdad tiene que ver con asuntos vinculados con crímenes cometidos en contra de ciudadanos en donde se han cometido irregularidades con relación a los derechos humanos. El derecho a la memoria es saber todos nosotros qué sucedió durante un determinado plazo histórico con relación a una institución, a un servidor público, etcétera.
¿Qué tiene que suceder aquí? Desde mi punto de vista tienen que generarse criterios a partir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del propio INAI y de organismos como el nuestro para identificar cuál es el umbral de protección de los servidores públicos versus un ciudadano de a pie. En otras materias con base constitucional se ha analizado que los servidores públicos tienen un umbral de protección mucho menor que el que tienen los ciudadanos de a pie. ¿Por qué?, porque la naturaleza jurídica o la condición política de un servidor público es totalmente diferente a la de un ciudadano.
Es representante popular, tiene a su disposición recursos públicos, tiene intereses políticos de trascendencia nacional, por tanto, el umbral de protección tiene que ser menor. ¿Qué te quiero decir con esto?, que todo lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, incluso un intento generado a partir de un servidor público por el famoso derecho al olvido que de repente quiera bajar de internet y de todo su historial en periódicos, por lo menos en el mundo digital, escándalos de corrupción en los que se haya visto involucrado, cuando llegue tanto cuasijurisdiccionales como jurisdiccionales se tendrá que determinar cuál es el umbral de protección que la Constitución y las convenciones le dan a ese servidor público.
Hay criterios europeos y latinoamericanos que señalan que los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción, por ejemplo, tienen un umbral de protección mucho menor que la un ciudadano y que la gente, en vía de acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva, como lo señala la Convención Americana, tienen derecho de saber qué sucedió con ese personaje en un momento específico, por tanto, el umbral de protección tiene que ser menor versus el derecho que tiene la gente de saber qué sucedió con él y con los actos de corrupción que ha cometido.
Me parece que ese debate se va a intensificar dada la naturaleza que ha modificado a la Constitución misma a partir del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Sistemas Locales Anticorrupción, porque si bien es cierto que son una fortaleza el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema de Fiscalización, hoy el combate a la corrupción atraviesa necesariamente por una reinterpretación de estos principios para garantizarle a la gente, a la ciudadanía, el conocimiento pleno de hechos públicos que contravengan las normas como los que te acabo de señalar.
¿Qué pasa cuando la Suprema Corte ha dicho que un funcionario público no puede bloquear a un ciudadano?
Tiene que ver justo con esta interpretación de la Constitución, me parece que te refieres al caso del fiscal de Veracruz que bloqueó la cuenta de un usuario que lo estaba bloqueando según el fiscal. La interpretación que hace la Corte va en el sentido que te acabo de señalar, es un fiscal de un estado de la República y el servicio público que brinda a la gente es de exposición naturalmente pública y el debate democrático, el debate político se tiene que liberar porque ni siquiera la Suprema Corte lo identificó como un ataque, sino como manifestaciones que tiene un ciudadano libre en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, para decir lo que piensa sobre un servidor público.
Entonces el umbral naturalmente se desvanece y prevaleció la información que el fiscal pudiera generar en función de su relación con este particular. Me parece que este caso sienta un parámetro interesante. En un párrafo de esta sentencia, me parece que es el 1008/2008, señala la corte: “La tutela de los derechos fundamentales tiene que ser tutelada de la misma manera en el mundo digital como en el mundo material”. Y eso es una realidad, no podemos hacer una diferenciación de mundos cuando estamos hablando de derechos fundamentales.
La libertad de expresión tiene una doble dimensión, la individual, que es la que cualquier tiene el derecho de exigir al Estado que le den información sobre cualquier tema; y la colectiva, la de acceder de manera libre a las informaciones que genera el Estado, solicitarlas pero también que estén en la palestra pública. Esa información va a seguir ahí y el fiscal va a seguir actuando como figura pública y eso no puede ocultarse.
¿Qué pasa con los estados que pretenden seguir el camino de la cancelación en contra de los que tienen esta posición?
Es un gran debate pero a mí me parece que va a triunfar la versión republicana. Nuestro país ha marcado históricamente diversas pautas con relación a libertades, y nuestra capital también. Es decir, la capital del país y el país mismo frente a temas que son tentaciones de la democracia, por decirlo de una manera, de coartar libertades, derechos, principios constitucionales, te puedo decir que siempre hemos salido a flote.
Afortunadamente, en la actualidad México se mantiene vigente como un estado constitucional, de pesos y contrapesos, que es importante decirlo en esta época, porque como se lo digo a mis alumnos todas las mañanas: el régimen en el que vivimos es uno democrático, que la Constitución misma ha regulado pesos y contrapesos, y no hablo solamente de la división tradicional de los poderes, hay mecanismo de control político y constitucional que todo ciudadano puede ejercer ante cualquier arbitrariedad.
Y me refiero a instrumentos como el amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los juicios políticos, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, los recursos de revisión para acceder a la información pública y las denuncias para proteger los datos personales.
¿Quieres mencionar algunas recomendaciones para los ciudadanos?
Que interactúen más con nosotros, naturalmente es una obligación nuestra de base constitucional, estar en permanente interacción con ellos, pero que las puertas del Instituto de transparencia de la Ciudad de México están abiertas, que somos una nueva generación de comisionados, hombres y mujeres, mayoritariamente mujeres, afortunadamente, que ayuda mucho a este dinamismo que le hemos dado al instituto a partir de diciembre de 2018.
“La libertad de expresión tiene una doble dimensión, la individual, que es la que cualquier tiene el derecho de exigir al Estado que le den información sobre cualquier tema; y la colectiva, la de acceder de manera libre a las informaciones que genera el Estado.”
Las puertas del Instituto están abiertas, me parece que el personal que hoy ocupa un espacio en el Instituto está profesionalizándose más, y la obligación que tenemos nosotros es pública. La pretensión es, y muy legítima, convertir al Instituto de Transparencia en el Instituto modelo punta de lanza de la República mexicana.
