Tras una acalorada discusión, los diputados aprobaron por mayoría calificada el dictamen de reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, los diputados aprobaron en lo general y particular dicha reforma, agregando nueve delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa: uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento mediante actos de corrupción, robo de hidrocarburos, feminicidio, abuso sexual contra menores, robo de casa habitación, robo al transporte de carga, desaparición forzada de personas y cometida por particulares e ilícitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. No obstante que los legisladores y el titular del Poder Ejecutivo se han mostrado satisfechos con esta aprobación, algunos académicos y representantes de organismos de derechos humanos, incluyendo la ONU, no ven con buenos ojos esta decisión, porque consideran que es una figura que avala el encarcelamiento indiscriminado, trastoca la independencia judicial y viola el principio de presunción de inocencia, pidiendo a diferentes instancias de gobierno frenar este proceso para encontrar medidas alternativas a los problemas de violencia, inseguridad e impunidad que sufre México. Sin embargo, el líder de Morena en la Cámara Baja, Mario Delgado Carrillo, aseguró que se trataba de una medida impulsada por el actual gobierno en el combate a la inseguridad, la impunidad y contra el huachicol. Lo cierto es que ya está hecho y mientras unos celebran y otros lamentan, otra parte de la sociedad se pregunta ¿qué pasará entonces con el debido proceso y la presunción de inocencia?
