En México, existen más de 900 firmas dedicadas al outsourcing, de las cuales, únicamente 100 tienen registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta situación apunta a que la mayoría de las empresas evade impuestos por salarios de los trabajadores, lo que, de acuerdo con nuevas reformas que han sido propuestas por la Cámara de Senadores, ameritaría prisión preventiva oficiosa.
El director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), Pablo Lezama, aclara que la también llamada “tercerización” no es un delito cuando las instituciones contratan firmas que realizan los procesos pertinentes, es decir: trabajo de reclutamiento, administración y pago de personal con los impuestos correspondientes.
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Sin embargo, declara que en México, aproximadamente el 90% de las firmas que proporcionan este servicio recurren a prácticas simuladoras para conseguir que sus contratantes reduzcan costos a través de los impuestos o prestaciones sociales.
“Para evitar la simulación y evasión de impuestos, hay que aplicar la ley. En el caso de los delitos fiscales hay que llevar a cabo auditorías, pero bien aplicadas, para cruzar lo que se reporta al IMSS contra lo que se paga de impuestos y ver si hay subregistro en el salario de los trabajadores. Los abusos de este esquema de contratación son más un tema de aplicación de la ley que de regulación”, puntualizó Lezama.
