La Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado aprobó, y turnó a la Mesa Directiva, un dictamen en materia de transparencia judicial que busca que los Poderes Judiciales Federal y de las entidades federativas pongan a disposición del público el texto íntegro de todas las sentencias emitidas.
La iniciativa propone reformar el artículo 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Actualmente las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de la ciudadanía sólo aquellas sentencias que sean consideradas de «interés público», por lo que los legisladores consideran que si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar la forma en la que se imparte justicia, por lo que será imposible evitar que se emitan sentencias discriminatorias, o detectar actos de corrupción, pues la labor de los juzgados se encuentra al margen del escrutinio ciudadano.
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Otro de los motivos, según el comunicado del Senado, el Poder Judicial se escuda en esa disposición para mantener la opacidad en su labor como juzgador.
De tal manera que, la iniciativa fortalezca la transparencia esencial para generar indicadores y análisis que permitan evaluar su ejercicio y ofrecer recomendaciones para mejorarlo.
En México, según una investigación realizada por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, en 2015 ninguno de los 32 poderes judiciales del país cumplía con su obligación de transparentar sentencias de acuerdo con los principios de máxima publicidad, accesibilidad, completitud y oportunidad, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo.
Transparencia legislativa
Asimismo, se aprobó un dictamen en materia de transparencia parlamentaria, el cual reforma diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para promover la rendición de cuentas y el Parlamento Abierto en los Poderes Legislativos, Federal y Local.
Con ella buscan difundir y dar publicidad a la transmisión de las sesiones del Pleno en tiempo real, y acompañada de versiones estenográficas de la misma, así como la agenda de los partidos políticos.
También pretende que los poderes legislativos federal y estatales publiquen los informes del uso y destino de los recursos financieros asignados a los legisladores, relativos a su función.
Ambos dictámenes fueron enviados a la Mesa Directiva para su análisis.
