El pasado lunes, el Senado de la República solicitó una prórroga de 10 días a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para poder discutir y aprobar -de manera autónoma- la nueva Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, debido a que han recibido presión por parte de algunas industrias farmacéuticas y laboratorios.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, dijo que no debe existir inconveniente con el aplazamiento fijado por la SCJN: “No es la única vez que se está en falta; no es lo deseable, pero es obvio que hay razones de Estado para poder aplazar una discusión tan importante para la vida pública del país”.
Además, el representante de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), durante entrevista con medios nacionales, declaró confiar en la honestidad de todos los legisladores y “a pesar de que pueda haber presiones, será decidido de manera libre y autónoma. Así ha caminado el Senado, hoy no será la excepción”.
Otro punto que subrayó el morenista, fue que considera necesario serenar los ánimos entre todos los implicados, para revisar la ley de manera correcta, observar los estándares internacionales y no aceptar presiones ni influencias indebidas por el tema de las concesiones para cultivo, venta, siembra y comercialización.
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Entretanto, algunos aspectos adicionales que aplazan la discusión, son el porcentaje de permisos que otorgarán a campesinos afectados por el narcotráfico en su territorio; se estipula que sea 80 por ciento para ellos y 20 por ciento a empresarios. Por otro lado, también deberán aclarar la cantidad de portación para uso personal, ya que buscarán aumentar de cinco a 28 gramos.
Patricia Mercado, senadora representante de Movimiento Ciudadano (MC), confirmó la petición para que la SCJN otorgue 10 días extras a los legisladores, sin embargo, ellos buscaban pedir 30 más.
Por otro lado, Martí Batres Guadarrama, senador de la bancada mayoritaria en el Congreso, dijo que deben pulirse algunos puntos en el predictamen, competentes al sector social de la economía, libertades individuales y la producción en el campo. Aseguró que, otra parte por corregir, es el fracaso de la estrategia punitiva ejecutada por gobiernos anteriores en la lucha contra las adicciones: “no debe apostarse todo a esta reforma, son muchas políticas las que tienen que implementarse en el combate a las adicciones, que es trabajo, educación superior para los jóvenes y temas de salud”, finalizó.
