En el tema de acceso a la justicia hace falta sinergia de las organizaciones de la sociedad civil y el estado para afrontarlas y fortalecer el Estado de Derecho; además del apoyo en el fortalecimiento a las instituciones que administran e imparten justicia en el país, las cuales se ha debilitado por la corrupción y la impunidad que circula al interior de ellas. Por otra parte, las organizaciones no sólo deben ser vigilantes y críticos del sistema de justicia, también deben aportar herramientas de apoyo para los operadores del sistema desde la perspectiva del usuario, para que los ciudadanos conozcan, ejerzan y exijan sus derechos.
Desde esta perspectiva, la Asociación Tojil, Estrategia contra la Impunidad, ha generado líneas de acción en el combate contra la corrupción desde uno de los primeros niveles del sistema de justicia, los Ministerios Públicos. Asimismo, en conjunto con Impunidad Cero, han desarrollado un par de guías para que los ciudadanos conozcan sus derechos y puedan ejercerlos en caso de tener que acudir a estas instancias e iniciar un proceso penal.
Tanto la Guía contra la corrupción en ministerios públicos, como la Guía contra la violencia de género en ministerios públicos son herramientas de educación legal básica tanto para víctimas como para imputados, de igual manera, los operadores de los Ministerios Públicos pueden utilizarlas para mejorar prácticas, erradicar la corrupción, sensibilizarse en temas de violencia de género e ir acotando la impunidad al acercarse de una mejor manera a los justiciables.
Las fundadoras de Tojil, Adriana Greaves y Estefanía Medina, comentan en entrevista que su objetivo es brindar litigio estratégico para casos paradigmáticos relacionados con delitos de corrupción, violaciones graves al debido proceso o delitos de violencia de género, que aspiran a impactar la esfera pública y transformar el Derecho. Tojil, término de origen maya que significa “lo justo” o “lo correcto”, trabaja en dos vías: por una parte, el litigio penal estratégico, sobre todo en temas anticorrupción; la segunda se enfoca en ser la vía directa al ciudadano en el acceso a la justicia. Esta segunda vía les permitió conocer la percepción de los ciudadanos acerca del acceso a la justicia y crear herramientas prácticas para contrarrestar los efectos negativos del sistema.
¿Cuál es el objetivo de crear una Guía contra la corrupción en Ministerios Públicos?
Mucho se ha hablado de que el tema de la impunidad no se ha podido combatir, además de que el sistema de justicia penal acusatorio no ha logrado bajar las cifras delictivas; en realidad, esta situación se debe a un tema operativo más que legislativo, es decir, el sistema como está hoy en día normativamente funciona, lo que no funciona es la operación diaria, explica Adriana Greaves.
Cuando el ciudadano llega a la primera instancia, que es el MP, se da cuenta que la primera barrera para obtener justicia es la corrupción, misma que es transversal en todo el sistema, acompaña todo el proceso penal. De esta forma tanto Tojil como Impunidad Cero identificamos los focos de corrupción que resultan en impunidad y quisimos llegar al usuario, imputado o víctima, que tiene el primer contacto con el acceso a la justicia, quienes muchas veces desconocen el procedimiento, por lo que fácilmente son víctimas de la corrupción.
¿Qué pasa cuando alguien se acerca al MP para denunciar? ¿A qué se enfrenta la víctima cuando es mujer?
Si para los usuarios, en general, es difícil acceder a la justicia, las mujeres se enfrentan con un proceso doblemente difícil. Encontramos que, en delitos de violencia de género, se discrimina a la mujer. Cuestionamientos como: ¿por qué vas vestida así?, ¿por qué saliste de noche?, ¿por qué andabas en lugares alejados? El Ministerio Público imputa un poco de culpabilidad a la propia mujer y la revictimiza, así se crea una barrera porque los operadores no tienen sensibilidad y desconocen el contexto de la violencia de género. En ese sentido, las guías abordan los temas de corrupción y de género, comenta Adriana.
Son dos problemas entonces, uno es el cultural, el otro es la falta de capacitación. ¿Los MP tienen la capacitación necesaria?
No todos. Algunos MP, fiscalías y el Centro de Justicia para Mujeres cuentan con la capacitación suficiente y funcionan, son perfectibles, pero son punta de lanza en la atención integral a la mujer. Sin embargo, hay áreas que no se dan cuenta incluso de que enfrentan un delito de género y revictimizan a la mujer que trata de acceder a la justicia, por lo que no se lleva el proceso de manera efectiva.
¿Cómo han reaccionado los Ministerios Públicos ante las guías?
Hemos tenido una buena respuesta. Por ejemplo, la Procuraduría de la Ciudad de México, la titular nos invitó para ahondar en el objetivo de la guía anticorrupción, hay puntos que le interesan y quiere seguir una política de cero corrupción. Además, estamos negociando convenios para que en cada agencia de la ciudad estén disponibles ejemplares de la Guía contra la corrupción tanto en físico como en proyecciones en las pantallas. Asimismo, el procurador del estado de Hidalgo mostró interés por compartirlo entre los integrantes de su primera línea y para los que acuden a la Procuraduría.
La idea es que sirva a los usuarios si están siendo víctimas de un acto de corrupción, para que sepan a quién acudir en caso de que así sea y los teléfonos y mails sean un mecanismo efectivo de denuncia y de atención inmediata, para que denunciar la corrupción no se vuelva otro obstáculo o retraso en el procedimiento penal de las personas.
No obstante, el título de la guía puede pensarse que es contra las instituciones, en realidad lo que se busca es coadyuvar para identificar los puntos más complejos y a partir de esto detonar acciones que ayuden a mitigar el problema, consideró Estefanía.
Las abogadas explican que se han dado cuenta que hay agentes del MP que no son conscientes de algunos actos de corrupción porque son acciones que están generalizadas y se consideran “normales”, incluso en ocasiones las interpretaciones normativas erradas caen en malas prácticas. En estos casos, la guía les ayuda a tener un criterio pro persona. De esa forma se puede ayudar al sistema y al proceso penal a funcionar adecuadamente, además de que sirve como una herramienta de sensibilización. Incluso ha servido a los mismos abogados, a que llegue a los clientes y conozcan las malas prácticas y se vayan erradicando, así en una misma ruta será más fácil atender el problema.
Sin embargo, la función de las guías es empoderar al usuario para que funja como contrapeso y para que los funcionarios públicos eviten caer en actos de corrupción y revictimización de los usuarios
“La Asociación Tojil, Estrategia contra la Impunidad, ha generado líneas de acción en el combate contra la corrupción desde uno de los primeros niveles del sistema de justicia, los Ministerios Públicos. Asimismo, en conjunto con Impunidad Cero, han desarrollado un par de guías para que los ciudadanos conozcan sus derechos y puedan ejercerlos en caso de tener que acudir a estas instancias e iniciar un proceso penal.”
Durante la presentación de la Guía contra la violencia de género, la periodista Gabriela Warkentin lamentó la existencia de este tipo de documentos porque significa que nuestro sistema de justicia no es funcional. ¿Por qué ha sido necesario hacer una guía contra la violencia de género en los MP?
Estamos en un contexto en México en el que el 57% del territorio nacional está bajo una alerta de género, en esos estados o municipios las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de algún delito relacionado al género, en estados como Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala, Guerrero, Nuevo León y Jalisco, por nombrar algunos. Por su parte, ONU Mujeres informó que 9 mujeres son asesinadas diariamente en este país, 6 de cada 10 mujeres son o han sido víctimas en algún momento de su vida de agresiones de violencia por el hecho de ser mujer.
Entonces, sigue Adriana, tenemos un panorama negro en el país para las mujeres. Y resulta que al buscar justicia llegan MP, como primera ventana de atención y son doblemente victimizadas. Temas culturales como la misoginia o machismo, de ignorar, no respetar y no dar valor a la mujer. Incluso, las mismas mujeres en las agencias de los MP no muestran sensibilidad ni empatía, a veces los hombres son más empáticos con las víctimas de un delito de género.
¿Cuál es el objetivo de la guía contra la violencia de género?
Como comentaba Adriana, hay datos que evidencian el dramatismo. Aproximadamente el 12.62% de la incidencia delictiva a nivel nacional de 2018 estuvo relacionada con delitos de violencia de género: trata de personas, violación, violencia familiar, que tiene índices altísimos, y feminicidios. Esos delitos representan un gran grueso de lo que llega a las procuradurías.
Lo que podemos ver es que, por la ineficiencia del sistema penal, se utilizan otros mecanismos, como últimamente ha sucedido en redes sociales y el movimiento #Metoo, que las víctimas consideran una manera más pronta y efectiva de denuncia y justicia. Evidentemente, hay un problema en el sistema de justicia penal.
En primera instancia, es explicativa. Describe la violencia y sus tipos, y las razones por las que se considera violencia de género; hay un decálogo de razones por las que no se denuncian los delitos y así terminar con los mitos. Por ejemplo, mujeres víctimas de violación que por miedo o pena no denuncian o porque piensan que si no lo hicieron de inmediato ya no procede.
Esos 10 puntos son resultado de una investigación, realizada por Tojil e Impunidad Cero, y muestran que, dentro del procedimiento penal, tanto MP y jueces, no generan los mecanismos de igualdad desde la denuncia, los dictámenes periciales y la baja tasa de resoluciones a favor de las víctimas por falta de pruebas, o porque la denunciante se retracta.
En esta última situación, las abogadas consideran que los operadores del sistema deben entender que existen contextos en los que ocurre el delito, círculos de violencia, y la ausencia de perspectiva de género crea desconocimiento y discriminación. En esos casos, hay que tratar todo el procedimiento penal con mecanismos más efectivos para recabar evidencia de otros lados que no sean sólo de la víctima.
El reto y lo que buscamos es presentar un problema que ocurre y hacer recomendaciones sobre lo que debería hacerse de manera más efectiva.
En casos de corrupción ¿qué casos han llevado y cómo se deberían resolver?
Hemos recopilado mucha experiencia en Tojil enfocada en el tema anticorrupción y hemos emprendido tres importantes litigios, uno de ellos es el caso Javier Duarte. Por los delitos que se le imputan, es un caso perfecto para llevar a juicio y pedir la pena máxima, por el lado del sistema penal; por parte de la defensa, para mostrar que no hay evidencia suficiente para ir a juicio o ser sentenciado. Lo que vimos aquí es un acuerdo con una sentencia irrisoria y lo que evidenciaba es una práctica de posible corrupción a la hora de acordar el procedimiento abreviado.
Procedimos a presentar una denuncia en contra de los MP que aprobaron ese procedimiento abreviado y lo llevaron a un juez; actualmente, la fiscalía está siguiendo una investigación en ese caso. Tenemos un amparo en curso en el que se está definiendo si nosotros como asociación podemos tener una representación en este caso como víctimas colectivas por ser un caso de corrupción.
Para Adriana, las asociaciones deberían poder tener la figura de representación de víctimas colectivas. En cualquier otro delito, explicó, hay una víctima clara, por ejemplo, en un robo, pero en los grandes temas de corrupción el bien jurídico es la administración pública, en los que la sociedad se ve afectada. Nos dimos cuenta que en un delito hay un impulso procesal por parte de la víctima. En este caso, como en el de la estafa maestra, no hay una víctima particular, en esos casos la Fiscalía puede dar la información parcial y llevarse años con lo mismo. Por eso pedimos que se nos dé el papel de víctimas para dar celeridad, quitar la opacidad e intervenir en la investigación en curso.
¿Hay ejemplos a nivel mundial en el que se haya dado el papel de víctima a una asociación?
Efectivamente, el caso Sherpa y Transparencia Internacional contra el gobierno de un país africano. Llegó a un tribunal francés porque el desvío de fondos llegó a bancos franceses. Ese es el primer precedente internacional, tardó 10 años en litigio. La discusión es quién representa a la ciudadanía, y quizá el foro jurídico piense: el MP que tiene la figura de representante social.
Nosotros analizamos a detalle, en México actualmente el derecho procesal ha dado a la víctima calidad de parte con una fuerza impresionante, retomando muchos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante las deficiencias de ministerios públicos y policías, el papel de la víctima, a través del sistema penal acusatorio, cobra una fuerza importante. Eso nos hace pensar si el MP, ahora en su calidad de fiscalía autónoma, mantiene la figura de representante social o si es fiscal que, como manda la Constitución, investiga y persigue delitos en términos de una política criminal. Y que no siempre, en una política criminal, atiende los derechos de las víctimas donde debería existir contrapeso, por eso consideramos importante que en los grandes casos de corrupción haya, procesalmente, una víctima.
En el caso de Sherpa, ellos pidieron la representación y la recuperación de activos para reparar el daño. Nuestra visión es que el proceso penal se lleve a cabo de manera efectiva y en términos de reparación del daño, es que se regrese al erario público al cien por ciento. Ser el mecanismo legal para lograr que los recursos se devuelvan al erario de donde fueron sustraídos.
Es un tema muy importante y digno de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ganar el criterio se detonaría una regulación. Buscamos exponer el tema y llevarlo a debate no sólo a nivel parlamentario, también al jurisdiccional y a partir de ahí ver los resultados en materia de combate a la corrupción, que hasta ahora han sido muy pobres. La realidad es que es necesario ganar los grandes casos en beneficio de los ciudadanos.
Adriana agrega que en México hay índices altísimos de corrupción sin sentencias, salvo la de Javier Duarte que considera una broma y no hubo recuperación de activos, por lo que el país se quedará con un boquete en el erario, pues los recursos seguirán en las cuentas del exgobernador de Veracruz. Y se debe dar el contrapeso debido a las víctimas ante la mala actuación de los procuradores de justicia.
¿Qué presencia tiene en el área penal la abogada?
En el área penal hay mayor presencia de hombres, sabemos que existen grandes penalistas mujeres, pero normalmente no están en el centro de los debates de los grandes casos, señala Adriana.
Estefanía precisa que los clientes también deben buscar a las abogadas para llevar sus casos. En el ámbito público hay más equidad en los puestos de dirección y desarrollo. Sin embargo, en lo que nos ha tocado ver, la participación de las mujeres es todavía muy baja en materia penal. En los foros el esquema todavía es cerrado, pero nos han recibido bien los grupos de abogados y quizá sea un tema de tocar puertas.
En Tojil, organización fundada por mujeres e integrada por abogadas, hemos hecho sinergia con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Ilustre Colegio de Abogados y la Barra Mexicana, es un ejercicio de apertura, los espacios empiezan a abrirse y queremos invitar a las abogadas que sienten atracción por el tema penal a que no lo vean como una opción distante. Hay mucho que hacer como mujeres, litigar en audiencias, en construcción de investigaciones, hay una visión interesante que aportar.
¿Qué piensan acerca de la modificación al artículo 19 y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa?
Creo, inició Estefanía, que las reformas legislativas deberían pensarse con la lógica de qué hace falta y qué tanto servirán. Al referirse a la ampliación del catálogo de delitos concluye, que la reforma no servirá para nada, al contrario, es un retroceso, volver a la extorsión jurídica, los justiciables volverán a ver al sistema penal como sancionador. El papel de los abogados será muy importante para emprender defensas enfocadas al bien del sistema de justicia, además de la atención a sus clientes.
Por su parte, Adriana concluye que es una política fácil de vender, vamos a eliminar las tasas de impunidad metiendo a la cárcel de manera preliminar a gente que está siendo investigada. Pero se debe considerar ambos lados, si un día te vuelves enemigo de alguien y te señala, por un mero señalamiento llevarás tu proceso de investigación privado de la libertad.
Es un retroceso, coincide con Estefanía, y se vendió de manera positiva, pero los índices de impunidad no bajarán. Estefanía añade que no es clara, adolece de especificaciones para su aplicación práctica y eso va a generar muchos debates dejando en problemas al MP, jueces y propias defensas que están tratando de implementar el objetivo de la reforma.
¿Cuáles son sus reflexiones finales?
Invitamos a las instituciones a que revisen las guías, en lo que puede ayudar y que vean a Tojil como una aliada. Lo que buscamos es que la experiencia que hemos acumulado en otras áreas sirva a los operadores del sistema.
Y que no quitemos el dedo del renglón, el sistema penal acusatorio es inmensamente mejor que el anterior, hay mucho por hacer aún, estamos en la construcción, no hay que tirar la toalla antes de ver resultados.
A los usuarios, antes de acudir a un MP o iniciar un proceso penal deben informarse, así evitarán ser revictimizadas en el caso de las mujeres, las guías son una herramienta. Y que sean el contrapeso para limitar los actos de corrupción. Es importante que la ciudadanía también actúe.
“El objetivo de Tojil es brindar litigio estratégico para casos paradigmáticos relacionados con delitos de corrupción, violaciones graves al debido proceso o delitos de violencia de género, que aspiran a impactar la esfera pública y transformar el Derecho.”
¿En dónde se pueden encontrar las guías?
Privilegiamos el formato digital porque es de fácil acceso, llega a más personas, y porque generalmente la gente no sale preparada para ir a un MP. Lo que buscamos es que esté disponible para su consulta al momento en que se necesite y se pueda compartir fácilmente.
Y abre la posibilidad a los MP y a los gobiernos estatales o municipios de reproducirlo físicamente o compartirlo con sus usuarios.
Las páginas en las que se encuentran las guías son: https://tojil.org/ y https://www.impunidadcero.org/.
