La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, el día de ayer, que, para que la Fiscalía General de la República (FGR) o los Ministerios Públicos federales (MPF), hagan indagaciones en las cuentas bancarias de un particular será necesaria la orden de un juez.
El Pleno de la SCJN declaró inconstitucional el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que dichas instituciones, estarán obligadas a dar información financiera sin que exista una orden judicial, cuando sea solicitada por el Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado, dice el comunicado.
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El fallo se da por considerar que lo dispuesto en esta ley no forma parte de las atribuciones que la Constitución Federal otorga a la autoridad investigadora para la irrupción en la vida privada, ni para la investigación de los delitos.
Los efectos que tendrá la resolución serán discutidos en la sesión del Pleno del próximo lunes.
Cabe señalar que la FGR tiene diversas investigaciones en curso que contemplan como pruebas datos bancarios, por lo que estarían en riesgo si se dictan efectos retroactivos.
Posturas de los ministros
Por mayoría de seis votos los ministros desecharon el proyecto del ministro Eduardo Medina Mora, que proponía declarar constitucional el precepto, al considerar que no viola el derecho a la privacidad.
A favor del proyecto de constitucionalidad estuvieron estuvieron los ministros Yasmín Esquivel, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Eduardo Medina Mora, y Javier Láynez.
En contra votaron Arturo Zladívar, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán y Fernando Franco.
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El ministro Eduardo Medina Mora defendió el proyecto argumentando que la investigación de la FGR o de los MP federales “no vulnera por sí sola el derecho a la privacidad en su vertiente de derecho bancario”.
Jorge Pardo Rebolledo declaró que este fallo puede afectar las investigaciones del MP en curso que involucren datos bancarios porque “se convertirán en pruebas ilícitas toda la información” y recalcó que no sólo en delitos fiscales o de lavado de dinero si no delitos de toda índole.
Por su parte el ministro Alfredo Gutiérrez señaló que “trasgrede el derecho a la vida privada, y esa transgresión a la vida privada requiere una motivación que se tiene que hacer ante un juez competente”.
El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar defendió su voto en contra al considerar que “el Estado mexicano tiene la obligación de ser eficaz en el combate a la delincuencia respetando la Constitución y si esto es así a mí me parece que el punto a determinar es si el derecho a la intimidad y a la vida privada puede ceder frente a una atribución del ministerio público para sin intervención judicial acceder a cuentas y a información bancaria”.
