El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán fue aprobado por el pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte en el que se declara discriminatorio excluir a las empleadas domésticas del régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El amparo da vista al IMSS se la situación discriminatoria y ordena que dentro del primer trimestre del 2019 se implemente un programa piloto con el objetivo de diseñar ejecutar un régimen especial para trabajadoras domésticas.
La Corte pide al IMSS que el trámite sea de fácil acceso y aclare las obligaciones patronales.
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El amparo versa que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el IMSS. Argumenta que no existe razón por la que la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social.
Haciendo de esta exclusión un acto discriminatorio contra las trabajadoras del hogar, afectando desproporcionalmente a las mujeres que estadísticamente son las que realizan este trabajo.
Según el INEGI, nueve de cada diez empleados del hogar son mujeres y se alejan del trabajo digno, en condiciones inadecuadas, extensas jornadas y bajos salarios.
Razones por las que se encuentran impedidas de prestaciones sociales que las protejan de imprevistos que afecten sus medios de subsistencia e ingresos.
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“… el régimen social propuesto debe tomar en cuenta las particularidades del trabajo doméstico, como lo es que en algunos casos tenga más de un patrón y que las relaciones laborales usualmente no están establecidas mediante un contrato de trabajo. El régimen especial debe resultar de fácil implementación para los patrones (que en su mayoría son amas de casa o padres de familia) y no puede ser de carácter voluntario, sino obligatorio. Asimismo, se deberá explorar la posibilidad de facilitar la incorporación al nuevo régimen especial, excusando a los patrones de encontrarse inscritos ante el SAT” versa el comunicado de la SCJN
De esa manera, el Alto Tribunal fija un plazo no mayor a 18 meses a partir del programa piloto, para que el IMSS proponga al Congreso de la Unión las adecuaciones legales para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para trabajadoras del hogar.
Para en un plazo de tres años se logre la seguridad social “efectiva, robusta y suficiente” de las empleadas domésticas a nivel nacional.
