Se espera que a más tardar en agosto de este año la STPS emita protocolo que guiara la implementación para diversas disposiciones de la Reforma Laboral, y, en teoría, si todo sale a pedir de boca, tendremos consolidado el cambio más grande del Derecho Laboral Mexicano en casi 50 años. Sin embargo, resulta evidente que la implementación de la Reforma Laboral se enfrentará a muchísimos obstáculos que muy probablemente retrasarán los términos que la misma se ha impuesto.
Muestra de lo anterior, solo por mencionar un ejemplo, es la ola de amparos que se han ingresado por parte de distintas confederaciones obreras, sí, la mayor parte de ellas pertenecientes a la vieja guardia, sí, probablemente más por una agenda política que por una genuina preocupación por los derechos de sus agremiados, sin embargo, lo que ha quedado acreditado, es que el camino para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral y de la nueva dinámica de la vida sindical en nuestro país, no transitará por un camino libre de resistencia, sino todo lo contrario y que dicha resistencia será agresiva y prolongada. Pudiéramos entrar en un debate acerca de si México está listo o no para una vida sindical de reglamentaciones tan evidentemente importadas, pero lo que es un hecho es que la vieja guardia va a defender con todos sus elementos el estilo al que ha estado acostumbrado por tantos años, por otro lado y de forma irresponsable, en la opinión de esta autoría, la Autoridad ha abierto la puerta al registro de nuevas organizaciones obreras, lo que si bien, es debatible si resulta adecuado o no, el hecho es que los gremios se están dividiendo, muchas veces en sectores más pequeños, que lejos de aportar defensa a sus adheridos, únicamente contribuirán a crear conflicto al interior de las Empresas, encareciendo consecuentemente las labores operativas y de Relaciones Laborales.
Por otro lado, hemos dejado un poco de lado el tema de la migración de la impartición de Justicia Laboral del poder Ejecutivo al poder Judicial y vaya que no es “pecata minuta”, en el entendido de que en cuatro años los nuevos Tribunales Laborales deberán estar en perfecto funcionamiento, esta autoría estima que es excesivamente optimista esa estimación de tiempo. Los amparos anteriormente mencionados, en caso de que resulten procedentes, retrasaran la aplicabilidad de la norma, especialmente si se otorgan suspensiones provisionales o definitivas. Adicionalmente, existe el detalle del presupuesto, en el decreto muchas enuncia que la implementación deberá ir acorde a la capacidad presupuestaria de los estados, lo que resulta a todas luces vago e impreciso, ya que las entidades pudieran aludir a la falta de recursos como culpable del retraso en la implementación del traslado de la Justicia Laboral a sus tribunales Locales, y a nuestra percepción no sería argumento inadecuado, se vive una época de retraso presupuestario, que sin adoptar posición alguna, a retrasado e impactado en diversos sectores, ya que las prioridades gubernamentales parecen ser de índoles diversas y la implementación de esta Reforma en el poder judicial implica mucho mas que simplemente trasladar expedientes de las Juntas a los nuevos Tribunales, no, también implica una preparación previa del poder judicial, esto quiere decir, capacitación de los juzgadores, del personal en general, de un plan profesional para los trabajadores de las próximas extintas Juntas de Conciliación y que muy seguramente aplicarán para ingresar a laborar a los nuevos tribunales y que independientemente de los parámetros de los nuevos órganos de justicia, son los que más han convivido con la legislación Laboral.
Desafortunadamente, debemos concluir que el futuro para la implementación de la Reforma Laboral se observa obscuro, sinceramente estimamos demasiado optimistas los tiempos que el dictamen se ha establecido, se quedan muy cortos.
